CDMX. La sombra de la corrupción vuelve a teñir los pasillos de Petróleos Mexicanos. La Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, ya puso la lupa sobre un contrato que debió extinguirse hace más de dos años, pero que, como un fantasma, sigue generando cargos millonarios y operaciones sin sustento legal.
Se trata del polémico contrato número 641009826, adjudicado en 2019 a la empresa OPP Servicios Petroleros para trabajos con tubería flexible en pozos de la región Quesqui. Su fecha de término: 2021.
Sin embargo, a través de argucias administrativas y presuntos contubernios, el convenio se estiró hasta julio de este año, y lo más grave: aún después de su conclusión formal, la compañía continúa laborando en cabezales y pozos sin documento alguno que respalde su presencia.
La denuncia ya está en el escritorio de María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, y los primeros señalados son nada menos que el exdirector de PEP, Ángel Cid Munguía —hoy asesor de la Dirección General— y Jorge Alberto Arévalo Villagrán, jefe de la Unidad Técnica de Extracción de Hidrocarburos.
Ambos, bajo la mira por su rol en la contratación, modificación y supervisión de este “contrato interminable” que ya acumula adeudos superiores a los 10 millones de dólares.
No bastaron las investigaciones internas de la Unidad de Control de Pemex; ahora es la Fiscalía quien deberá desenredar esta madeja de irregularidades que evidencia, una vez más, que en la industria nacional el dispendio y la opacidad siguen siendo parte del menú cotidiano.
Queda por saberse cómo pudo extenderse un contrato vencido, quién ordenó que las obras sigan activas y, sobre todo, qué autoridades permitieron que el erario se siguiera desangrando mientras la empresa paraestatal acumula más preguntas que respuestas. Mientras tanto, los pozos Quesqui siguen operando.
