CAMPECHE, CAMP. Pescar en México se ha vuelto un lujo insostenible. En los últimos 15 años, el costo del diésel marino se disparó de $7.30 a $27.00 pesos por litro, mientras que la gasolina ribereña alcanzó los $24.00 pesos, asfixiando a una industria que ya no resiste el embate de la inflación en los combustibles.
Ante la falta de soluciones efectivas y el riesgo inminente de más cierres de empresas y desempleo, líderes del sector pesquero nacional han decidido saltarse el burocratismo institucional para exigir una audiencia urgente y directa con la Presidenta de la República. “No podemos seguir estando de dependencia en dependencia, porque lo que está pasando es que nos gana el tiempo y más empresas quiebran”, advirtió Francisco Romellón titular de Canainpesca.
La desesperación en los muelles es palpable. A pesar de haber mantenido encuentros con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y de sostener reuniones preparatorias durante más de 12 meses, las soluciones de fondo no llegan. Por lo que la supervivencia de la flota pesquera depende ahora de una decisión política al más alto nivel.
UN FRENTE UNIDO POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
La petición de audiencia no es un reclamo aislado ni exclusivo de los grandes barcos. La propuesta busca sentar en la misma mesa a dirigentes nacionales y estatales de las entidades con mayor tradición pesquera, incluyendo de manera fundamental al sector ribereño.
A final de cuentas, tanto los pequeños pescadores en sus lanchas como los armadores de embarcaciones mayores comparten la misma condena en cada salida al mar, la gasolina y el diésel consumen casi la totalidad de sus ingresos.
Los trabajadores del mar no piden subsidios a ciegas; exigen ser escuchados sin intermediarios para plantear una estrategia de supervivencia real. De no concretarse un plan de rescate desde el Ejecutivo, advierten que el impacto no solo lo pagará el mar, sino los millones de consumidores mexicanos que verán desvanecerse los alimentos de sus mesas.
