CAMPECHE, CAMP. Se terminaron las prórrogas, este 1 de junio, un estimado del 18% de los servidores públicos se encuentra formalmente en desacato legal y enfrentaría el inicio de procedimientos de sanción administrativa, tras expirar el plazo definitivo para presentar su Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses correspondiente al ejercicio fiscal 2025.
Ni la activación de un plan de emergencia que obligó a las autoridades a abrir las oficinas en fin de semana, ni las facilidades de una plataforma digital con datos precargados, fueron suficientes para que casi dos de cada diez empleados públicos cumplieran con la obligación de transparentar sus bienes. Hoy, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Administración y Buen Gobierno (SABG) está legalmente facultada para iniciar los expedientes de investigación contra los omisos.
De acuerdo con Karina Santiago Toledo, directora de asuntos jurídicos de la dependencia, el corte previo mostraba que un 82% ya había cumplido, pero quedaba un aproximado de 18% flotando en la irregularidad. Para capturarlos, la institución abrió sus oficinas físicas todo el fin de semana.
