NACIONAL.- Aunque el gobierno federal sostiene que el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México se encuentra bajo control, en las comunidades pesqueras de Tabasco y Veracruz la realidad es distinta, marcada por la falta de ingresos, la paralización de la pesca y la ausencia de apoyos suficientes.
A casi tres meses del incidente, cuya responsabilidad fue reconocida por Petróleos Mexicanos el pasado 16 de abril, la compensación económica no ha llegado a todos los afectados, lo que ha generado inconformidad entre los pescadores.
La organización ambiental Oceana visitó la comunidad de Las Barrancas, en Veracruz, donde documentó que varias familias no han sido incluidas en los programas de reparación de daños y que las autoridades no han actuado de manera coordinada.
En esta localidad, pescadores reportan que sus redes llevan semanas sin utilizarse, mientras que inspecciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente concluyeron que no hubo afectaciones visibles al no encontrar residuos en playas, sin considerar el impacto económico por la suspensión de la actividad.
La situación se repite en El Bosque, Tabasco, considerada la primera comunidad desplazada por el cambio climático en México, donde los pescadores enfrentan la falta de compradores para sus productos desde el derrame.
Además, gran parte de los afectados no se encuentra inscrita en los padrones oficiales, requisito indispensable para acceder a los apoyos gubernamentales, lo que ha dejado a numerosas familias fuera de cualquier compensación.
Las Barrancas y El Bosque reflejan una problemática más amplia en las costas del Golfo de México, donde las comunidades no solo padecen los efectos del derrame, sino también la erosión costera y el aumento del nivel del mar asociado a la crisis climática
Habitantes señalan que la creciente infraestructura petrolera ha modificado sus condiciones de trabajo, pues los barcos dañan sus redes y las plataformas han desplazado los cardúmenes mar adentro, obligándolos a recorrer mayores distancias para pescar.
Pescadores denuncian abandono institucional y riesgos constantes en su labor, al asegurar que las embarcaciones petroleras transitan por sus zonas de pesca sin considerar los daños que provocan ni la seguridad de quienes dependen del mar.
Ante este panorama, Oceana advirtió que el derrame evidenció fallas estructurales en los mecanismos de atención, por lo que exigió al gobierno federal implementar una reparación integral que incluya a las comunidades afectadas y replantee el modelo energético para priorizar la protección de los ecosistemas y los medios de vida locales
