CAMPECHE, CAMP. La paciencia en el muelle de La Puntilla se agotó. Este martes, líderes de la pesca ribereña denunciaron una humillación presupuestal, mientras Petróleos Mexicanos (PEMEX) ya reparte apoyos económicos en Veracruz, Tamaulipas y Tabasco por el derrame de la plataforma Abkatun, a los 4,200 pescadores de Carmen —quienes tienen el petróleo en la puerta de su casa— los han dejado fuera de la nómina de indemnizaciones.
Ante esto, Vicencio Luna Pérez, líder de la federación en Carmen, señaló que la paradoja es tan negra como el petróleo. Esto pues el derrame ocurrió frente a sus costas, pero el presupuesto de “apoyos” de la paraestatal parece haber saltado mágicamente sobre Campeche para aterrizar en dichos estados.
Por ello los dirigentes de la Península de Atasta, Isla Aguada, Sabancuy y Carmen no solo hablaron de manchas en el agua, sino de un boicot comercial invisible. Esto estaría afectando a miles de pescadores y sus familias. Además, revelaron que los compradores de escama están castigando los precios del producto local bajo la sospecha de que los peces están contaminados por el crudo de Abkatun.
“No es posible que, si el siniestro ocurrió en nuestras narices, se minimice al sector ribereño local. El pescado se desplaza, la mancha avanza y a nosotros nos dejan mirando cómo el dinero se va a otros estados”, sentenciaron los manifestantes bajo el sol de La Puntilla. Para los pescadores, la geografía de PEMEX es incomprensible.
La molestia radica en que sectores de estados vecinos ya han sido integrados en los padrones de resarcimiento de daños, mientras que en la Península de Atasta y Sabancuy —las zonas de impacto directo— el silencio administrativo es total.
La crisis no es solo ambiental; es un efecto dominó que mantiene en la incertidumbre a miles de familias que han visto cómo sus redes salen vacías debido al desplazamiento de las especies por la contaminación.
La diplomacia de los pescadores tiene fecha de caducidad. Aunque informaron que enviarán oficios a la presidenta Claudia Sheinbaum
y a la gobernadora Layda Sansores, la advertencia fue clara, tienen siete días para una pronta solución.
