NACIONAL.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informaron de manera oficial que no existen condiciones técnicas ni económicas que justifiquen un incremento en el precio de la tortilla. Tras un monitoreo exhaustivo de los mercados, las autoridades confirmaron que tanto el costo del maíz en grano como el de la harina se mantienen sin variaciones al alza. Ante este panorama, el Gobierno de México emitió un llamado enérgico a los establecimientos para evitar ajustes injustificados que afecten directamente la dieta básica de la población nacional.
El respaldo a esta estabilidad proviene directamente de la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (CANAMI) y la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT). Ambas organizaciones ratificaron su permanencia en el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla, una estrategia integral que busca no solo congelar los precios actuales, sino reducirlos gradualmente. Este pacto permite que los productores y dueños de tortillerías accedan a insumos con descuentos y esquemas de financiamiento preferentes, eliminando cualquier presión inflacionaria que pudiera trasladarse al consumidor final.
Como parte del compromiso con la soberanía alimentaria instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la política pública se enfoca ahora en el ordenamiento de la cadena de producción y la comercialización directa. A través de este modelo, se busca reforzar el ingreso de los campesinos eliminando intermediarios innecesarios, lo que permite un flujo más eficiente del grano hacia las ciudades. Además, programas complementarios como Jóvenes Construyendo el Futuro se han integrado a la cadena para vincular talento joven con el sector, fortaleciendo la operatividad de las tortillerías locales.
Para garantizar el cumplimiento de estos acuerdos, la Profeco ha intensificado su vigilancia mediante el programa Quién es Quién en los Precios, monitoreando semanalmente más de 600 establecimientos a nivel país. Las brigadas de verificación no solo supervisan el costo por kilogramo, sino que también realizan la calibración de básculas para asegurar que las y los consumidores reciban “kilos completos”. Este despliegue de supervisión se apoya en el padrón de las cámaras firmantes para identificar y reportar cualquier anomalía o incumplimiento en el porcentaje de precios pactados.
El Gobierno federal exhortó a la ciudadanía a no atender rumores o versiones falsas que circulan en redes sociales sobre supuestas crisis en el sector harinero. La estrategia gubernamental se mantiene firme en la defensa del poder adquisitivo, utilizando la concertación con el sector privado como la herramienta principal para evitar la especulación. Con estas acciones, se busca consolidar un modelo de prosperidad compartida donde el bienestar de las familias mexicanas sea el eje rector de la economía agrícola y comercial del país.
