CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció en su conferencia matutina el envío al Senado de una iniciativa de reforma constitucional que busca poner fin a las pensiones millonarias otorgadas a ex altos mandos de entidades públicas, calificándolas como “ofensivas” para el pueblo mexicano y un remanente del periodo neoliberal.
Para ello, la propuesta modifica el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y establece que, a partir de su aprobación, las jubilaciones y pensiones de exfuncionarios de altos mandos —personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y banca de desarrollo— no podrán exceder el 50 por ciento de la remuneración que percibe la titular del Ejecutivo Federal. Al valor actual, esto equivale a aproximadamente 70 mil pesos mensuales.
La mandataria enfatizó que la reforma responde a principios de austeridad republicana, humanismo mexicano y responsabilidadfinanciera, y forma parte de la estrategia de la Cuarta Transformación para eliminar privilegios en el servicio público.
“Estas pensiones exorbitantes son un agravio para millones de jubilados que viven con montos muy modestos. No podemos seguir destinando recursos del pueblo a ex altos funcionarios que ya gozaron de grandes beneficios”, declaró Sheinbaum.
CARACTERÍSTICAS CLAVE DE LA REFORMA:
– No retroactiva: Los derechos adquiridos se mantienen; quienes actualmente reciben montos elevados continuarán percibiéndolos hasta que la reforma entre en vigor. Una vez aprobada, los pagos se ajustarán al nuevo tope de 70 mil pesos mensuales.
– Excepción explícita: No aplica a pensiones derivadas de condiciones generales de trabajo ni a contratos colectivos sindicales. Por lo tanto, queda fuera de alcance a los trabajadores de base y sindicalizados de empresas como Pemex, CFE y otras entidades paraestatales.
– Alcance: Cubre exclusivamente a ex altos mandos de confianza en las entidades mencionadas, donde se han detectado casos de pensiones que superan incluso el salario de la presidenta o multiplican por decenas el promedio nacional de jubilaciones (ISSSTE e IMSS: entre 6 mil 600 y 8 mil 400 pesos mensuales).
– Impacto financiero: Se proyecta un ahorro cercano a los 5 mil millones de pesos anuales, recursos que serán reasignados a programas sociales y del Bienestar.
