CAMPECHE, CAMP. Desde hoy, la agroindustria de la caña de azúcar recibió un impulso histórico, el Gobierno federal ha elevado los aranceles a la importación de azúcar hasta un 210.44%, consolidando un “muro protector” que busca garantizar la rentabilidad y viabilidad de los cañeros mexicanos.
El campo despierta con un aire dulce y cargado de esperanza; mientras los productores, con las manos curtidas por años de trabajo, sienten que su esfuerzo finalmente tiene respaldo. La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), responde a la sobreoferta que amenazaba los precios internos y pone en primer plano a productores nacionales.
Este aumento arancelario no es un simple ajuste fiscal, es una política de defensa de la producción mexicana. La mayoría de los impuestos de importación se ubican en 156%, mientras que el azúcar líquida refinada e invertida, vital para la industria alimentaria, alcanza el máximo de 210.44%, protegiendo los productos estratégicos que llegan a millones de hogares.
“El arancel vigente no ofrecía la protección adecuada a nuestra agroindustria nacional. Hoy corregimos esa distorsión y ponemos en primer lugar a los trabajadores del campo”, subraya el decreto, respaldado por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, a cargo de Roxana Rivera Peña.
IMPACTO POSITIVO Y FUTURO PROMETEDOR
El beneficio se siente al instante, los productores podrán mantener precios justos, garantizar la sostenibilidad de su trabajo y proteger la cadena productiva frente a la presión del mercado internacional, mientras el aroma dulce de la caña recién cortada inunda los ingenios y las comunidades rurales.
El decreto detalla los ajustes por tipo de azúcar, azúcar de caña y remolacha, chocolate con alto contenido de azúcar y jarabes aromatizados recibirán aranceles de 156%, mientras que el azúcar líquida refinada e invertida alcanza 210.44%. Cada fracción está diseñada para fortalecer la industria y proteger a quienes trabajan la tierra, asegurando que cada grano de azúcar producido en México valga lo justo.
La estrategia se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que busca una economía justa y equitativa. Además de proteger al campo, la medida refuerza la seguridad alimentaria y la estabilidad económica regional, consolidando a México como un país capaz de cuidar su producción y enfrentar los retos del comercio global.
