CAMPECHE.- El líder nacional del PRI y actual senador, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, enfrenta un cerco judicial cada vez más estrecho por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador de Campeche (2015-2021).
La justicia le pisa los talones, con dos solicitudes de desafuero acumuladas que buscan retirarle la inmunidad constitucional para enjuiciarlo por enriquecimiento ilícito, peculado y abuso de poder.
Aunque la primera petición fue desechada en agosto de 2025 por fallos procesales, una segunda —apoyada en evidencias de desvío de 83.5 millones de pesos— ya circula en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, donde se analiza su viabilidad en un plazo de un mes.
Como se recordará, la primera solicitud, presentada en 2022 por la Fiscalía General del Estado de Campeche cuando “Alito” Moreno era diputado federal, acusaba enriquecimiento ilícito basado en inconsistencias patrimoniales, como la adquisición de mansiones y bienes de lujo incompatibles con sus ingresos declarados.
Incluía el cateo de julio de 2023 en su residencia de Lomas de Castillo —valuada en 180 millones de pesos y registrada a nombre de su madre, Yolanda Cárdenas Montero, y su hermano Emigdio Gabriel “El Peloni” Moreno, presuntos prestanombres en esquemas de lavado de dinero y evasión fiscal—.
El operativo reveló opulencias como un Mustang clásico adaptado como mesa de billar (medio millón de pesos), muebles por 50 millones y una escultura de caballo con incrustaciones de oro, ocultos presuntamente antes de la irrupción de 30 peritos en 14 patrullas.
Sin embargo, un Tribunal Colegiado ordenó su archivo por falta de pruebas suficientes, y la Sección Instructora lo desechó el 1 de agosto de 2025, argumentando que aplicaba a su fuero como diputado, no como senador actual.
Por otra parte, la segunda solicitud, impulsada el 30 de julio de 2025 por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche, eleva la apuesta con cargos por peculado (desvío de fondos públicos), usurpación de funciones y extralimitación de facultades.
Se basa en pruebas de que “Alito” Moreno y funcionarios bajo su mando desviaron 83.5 millones de pesos de recursos estatales, incluyendo triangulaciones de dinero y contratos irregulares durante su gubernatura.
