CAMPECHE.- En un país donde la transparencia es un pilar fundamental para la confianza en la democracia, la negativa de Alejandro “Alito” Moreno, líder nacional del PRI, a esclarecer su patrimonio levanta serias interrogantes.
En una reciente entrevista, que realizó la periodista Carmen Aristegui, con preguntas directas, para indagar sobre las propiedades que se le atribuyen, incluyendo una adquirida a un precio irrisorio de 30 centavos por metro cuadrado en la exclusiva zona de Miramar, en Campeche. Las respuestas de “Alito” Moreno fueron evasivas, repetitivas y, francamente, insuficientes.
El tema patrimonial no es un capricho periodístico, sino una exigencia básica para cualquier figura pública. Cuando se le cuestionó sobre el número de casas, terrenos o bienes que posee, Moreno Cárdenas optó por eludir la pregunta con un argumento circular: “Mi patrimonio es público, está en mis declaraciones patrimoniales”. Pero, ¿qué contiene ese patrimonio? ¿En qué consiste? La insistencia en no detallar, en no narrar con claridad, solo alimenta la sospecha.
Particularmente llamativo es el caso de los terrenos en Champotón, incluyendo propiedades rústicas y cercanas a la playa, que, según documentos otorgados por la gobernadora Layda Sansores San Román, fueron adquiridas a precios que desafían la lógica del mercado.
En respuesta, “Alito” Moreno descalificó estas acusaciones como “distractores” y “mentiras”, asegurando que no se pueden comprar playas, sino solo obtener concesiones.
Sin embargo, no explicó cómo adquirió esas propiedades ni por qué su valor reportado es tan bajo.
Es decir, en lugar de aclarar, desvió la conversación hacia ataques contra el gobierno, tildándolo de “narcodictadura terrorista comunista”. Una cortina de humo que no disipa las dudas.
Cuando se le preguntó si es una persona rica, Moreno Cárdenas se presentó como un trabajador incansable, dedicado a su familia y a México, negando lujos y acusando a sus críticos de inventar historias.
Sin embargo, las imágenes de propiedades, campos de golf y un estilo de vida que contrasta con su discurso de austeridad no son producto de la imaginación, sino de investigaciones periodísticas que él mismo se niega a desmentir con hechos concretos.
La opacidad de “Alito” Moreno no es un caso aislado, pero sí emblemático. En un México donde la corrupción ha sido una herida histórica, la rendición de cuentas no puede ser opcional.
Decir “mi patrimonio es público” no basta cuando las preguntas específicas reciben respuestas vagas. Si todo está legalmente acreditado, como asegura, ¿por qué no detallar en qué consiste? ¿Por qué no desglosar, con la transparencia que exige su posición, la procedencia de esos bienes? Las acusaciones sobre prestanombres y propiedades subvaluadas no son nuevas, pero la actitud de “Alito” Moreno las refuerza en lugar de disiparlas.
En una democracia madura, un líder político no puede escudarse en tecnicismos o en el cansancio de repetir que “todo está en orden”. La ciudadanía merece respuestas claras, no rodeos.
Mientras “Alito” Moreno siga esquivando el tema, la sombra sobre su patrimonio solo crecerá, y con ella, la desconfianza hacia un liderazgo que debería ser ejemplo de transparencia.
