CDMX. En México, los números desnudan una tragedia que no puede ignorarse: en 2024, 56 mil 610 niñas de 16 años o menos dieron a luz, según datos de la Secretaría de Salud Pública (SSa). De ellas, mil 652 tenían entre 10 y 13 años, víctimas de una violencia sexual que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “inadmisible”.
Es decir, uno de cada 25 bebés nacidos el año pasado tiene una madre con rostro infantil, y en más de mil casos, el padre supera los 30 años. Estos datos no son solo estadísticas; son historias de vidas marcadas por el abuso.
El panorama varía según la región, pero ninguna escapa a esta crisis. El Estado de México encabeza en números absolutos con seis mil 243 nacimientos, pero al analizar la tasa por cada 100 mil habitantes, Chiapas encabeza la lista con 92 casos, seguido por Guerrero (69) y Michoacán (60).
Campeche, sin embargo, merece una mención especial: aunque no encabeza en cifras absolutas, su tasa de embarazos infantiles es alarmante, reflejando una problemática estructural en el estado que no puede pasar desapercibida. En contraste, la Ciudad de México registra la menor incidencia, con 19 casos por cada 100 mil habitantes.
La entidad campechana, como otros estados, debe ser un foco prioritario para políticas públicas que ataquen las raíces de esta crisis.
A nivel municipal, León (Guanajuato) y Juárez (Tamaulipas) reportan casi 700 madres adolescentes cada uno, mientras que urbes como Puebla, Saltillo o Iztapalapa superan los 300 casos.
Esto desmiente el mito de que los embarazos infantiles son exclusivos de zonas rurales o indígenas: solo el 14 por ciento de las 100 mil menores de edad que fueron madres en 2024 se identifica como indígena.
La edad de los padres agrava la gravedad del problema. En 10 casos, la diferencia de edad entre la madre y el padre supera los 50 años; en más de mil, excede los 20 años.
Aunque en tres mil 244 casos los padres son también adolescentes, en nueve mil expedientes la edad del padre es desconocida, lo que sugiere vacíos en la investigación y persecución de estos delitos.
Porque, hay que decirlo claro: un embarazo en una niña de 10 a 14 años es un delito, no un accidente.
