CDMX.- Octavio Romero Oropeza, actual director general del Infonavit, parece no haber aprendido de su paso por Pemex, donde dejó tras de sí una estela de quiebra financiera y desorden administrativo.
Ahora, al frente del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, sus recientes declaraciones sobre la regularización de viviendas invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra a precios subsidiados han encendido las alarmas.
Esta propuesta no solo asusta a las familias trabajadoras, que ven amenazados sus ahorros, sino que también ha generado un rechazo unánime en el sector empresarial.
Lo que está en juego es nada menos que el patrimonio de millones de mexicanos y la credibilidad de una institución creada para protegerlo.
El Infonavit no es, ni debe ser, un vehículo para legitimar actos ilegales. Su mandato es claro: garantizar el acceso a la vivienda digna para los trabajadores que, con esfuerzo, aportan al fondo.
Sin embargo, Romero Oropeza parece decidido a desviar este propósito al proponer que las 168 mil viviendas censadas por la Secretaría del Bienestar —de un total de 843 mil, con un costo de 700 millones de pesos— puedan ser adquiridas por ocupantes sin vínculo jurídico con el Instituto ni con los legítimos propietarios.
El 86% de estas viviendas están habitadas por personas que, en la mayoría de los casos, tomaron ilegalmente propiedades que no les pertenecen. Pretender que estas se regularicen a precios por debajo de su valor real es un precedente peligroso que socava el derecho de propiedad y premia la ilegalidad.
La crisis de gestión en el Infonavit no es nueva, pero bajo la dirección de Romero Oropeza se agrava. Desde 2015, el índice de morosidad ha crecido de manera alarmante, pasando del 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024, y hasta un 32% si consideramos los créditos segregados.
Uno de cada tres financiamientos otorgados enfrenta incumplimientos de pago, lo que refleja un deterioro crítico en la cartera crediticia. En lugar de enfocarse en recuperar los créditos vencidos para proteger el patrimonio de los acreditados, Romero impulsa una estrategia que compromete aún más la estabilidad financiera del Instituto.
