CDMX – Un terremoto laboral sacude a Petróleos Mexicanos (Pemex). Esta semana, decenas de trabajadores de confianza en diversos activos de la paraestatal fueron notificados de su liquidación como parte de una agresiva reestructuración enmarcada en el plan de austeridad del gobierno federal.
Sin embargo, lo que debería ser una estrategia para optimizar recursos ha desatado un escándalo: los afectados denuncian que Pemex los está despidiendo sin reconocer su derecho a la jubilación, ofreciendo en su lugar un pago único que consideran insuficiente y arbitrario.
Este caso, que podría involucrar hasta tres mil despidos a nivel nacional, expone las tensiones entre las metas de ahorro de la petrolera y los derechos laborales de sus trabajadores, en un contexto donde la justicia laboral enfrentará su primera gran prueba bajo el nuevo Poder Judicial electo.
DESPIDO SILENCIOSO Y SIN CONTEMPLACIONES
La reestructuración comenzó de manera abrupta. En activos clave de Pemex, como refinerías, plataformas y oficinas administrativas, las listas de los trabajadores “rasurados” llegaron directamente a las casetas de vigilancia con una consigna clara: no dejarlos pasar.
“Llegué a mi puesto como siempre, y me dijeron que mi nombre estaba en una lista. No me dejaron entrar, no me dieron explicaciones, solo me entregaron un papel con una cita para recoger un cheque”, relata Juan Morales, un ingeniero con 22 años de servicio en la refinería de Minatitlán, Veracruz, quien pidió proteger su identidad por temor a represalias.
La estrategia, según analistas, busca generar ahorros de 250 millones de dólares (unos cuatro mil 798 millones de pesos) entre 2025 y 2026, con un plan de ahorro proyectado en tres mil 532 millones de pesos para 2025 y mil 266 millones adicionales para 2026. Para lograrlo, Pemex ha optado por cancelar plazas vacantes, eliminar funciones duplicadas y suprimir puestos de jerarquía media y alta que no estén vinculados directamente con las “operaciones sustantivas” de la empresa.
La petrolera asegura que estas medidas preservarán el 71 por ciento de la nómina, destinada a las áreas operativas esenciales, como exploración, producción y refinación. Sin embargo, la ejecución de este plan ha sido todo menos transparente, y los trabajadores afectados denuncian un trato inhumano y violaciones a sus derechos laborales.
PÉRDIDA DE UN DERECHO GANADO
El corazón del conflicto radica en la negativa de Pemex a reconocer el derecho a la jubilación de los trabajadores despedidos. En lugar de ofrecerles una pensión conforme a los años de servicio, la empresa les está proponiendo un pago único que, según los afectados, no refleja su antigüedad ni las condiciones pactadas en sus contratos.
“Trabajé 28 años en Pemex, arriesgando mi vida en plataformas, y ahora me ofrecen un cheque que no me alcanza ni para cinco años. ¿Dónde queda mi jubilación? Nos están robando lo que nos ganamos con esfuerzo”, denuncia María Elena Gómez, una trabajadora administrativa de Ciudad del Carmen, Campeche, quien forma parte de un grupo que prepara una demanda colectiva.
Organizaciones laborales y expertos en derecho han calificado estas prácticas como una violación flagrante de los derechos adquiridos de los trabajadores.
