MÉXICO- A pesar de los esfuerzos anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para sanear las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex), la realidad dista mucho de ser alentadora. La empresa estatal, pilar energético del país, sigue sin cumplir con sus compromisos: 7 de cada 10 proveedores aún esperan el pago de sus servicios, una situación que desata incertidumbre, protestas y serios cuestionamientos sobre la gestión de la compañía.
El más reciente informe trimestral de Pemex revela una deuda total con proveedores que asciende a 24,973 millones de dólares. De esta cifra, apenas se ha cubierto el 29%, equivalente a unos 7,500 millones de dólares (más de 150 mil millones de pesos al tipo de cambio actual). Esto deja un saldo pendiente que afecta a cientos de empresas, muchas de las cuales prestaron servicios o entregaron bienes durante los últimos meses del sexenio anterior y el arranque de la administración actual.
UNA DEUDA QUE NO SE REGISTRA
El problema no termina en los números. Fuentes del sector energético y especialistas legales consultados señalan que el retraso en los pagos podría ser más que un simple tropiezo administrativo. Según denuncias, muchos de los trabajos realizados no fueron facturados a tiempo debido a que el sistema de pagos de Pemex fue cerrado intencionalmente en momentos clave, dejando en el limbo contratos que ahora la empresa podría no reconocer como deuda oficial.
Las miradas se dirigen al director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, y a la directora de administración, Marcela Villegas, quienes, según expertos, habrían optado por no registrar ciertos adeudos en los estados financieros de la petrolera Esta maniobra, advierten abogados especializados, no solo viola los términos de los contratos firmados, sino que también distorsiona la contabilidad de las empresas proveedoras, genera pérdidas fiscales y podría rozar la ilegalidad al implicar un manejo discrecional de recursos públicos.
“Es una estrategia que parece deliberada. No registrar una deuda no la hace desaparecer, pero sí complica que las empresas afectadas puedan exigir su pago por la vía legal”, explica un abogado que representa a varios proveedores y que prefirió mantenerse en el anonimato por temor a represalias.
