Cada día que pasa, se dan a conocer más detalles sobre los “negocios turbios” que el exgobernador Alejandro Moreno Cardenas hizo con el erario público y los negocios en el asunto de seguridad se los otorgó como “servicios integrales” a empresas del grupo del empresario acusado de fraude al fisco Ricardo Orrantia.
Fueron más de uno los contratos adjudicados a la empresa del Grupo Altavista, todo un fraude con beneficio a los amigos del negocio y la prueba es que mientras los contratos fueron adjudicados a mediados de julio de 2018 para colocar 180 cámaras, hasta noviembre de ese año apenas empezaron a colocarlas, eso sí ya estaban pagados los primeros meses del contrato.
En un de los muchas pruebas de corrupción en los temas de seguridad, el sitio web Página 66 afirman que El primer convenio fuen en marzo del 2017, que incluyó la renta de 221 cámaras en 70 puntos de la capital campechana, Ciudad del Carmen, Champotón y Escárcega, por un periodo de 53 meses y por un monto de 116 millones 845 mil pesos, que “serán cubiertos con recursos estatales de los ejercicios fiscales de 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021”.
El 10 de enero del 2018, el contrato número 061/2018, firmado de nuevo por Gustavo Manuel Ortiz González, titular de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental (SAIG), y Enrique Miguel Samper Aguilar, representante de la empresa y de Integradores de Tecnología, es identificado ahora como “de prestación de servicios integrales de telecomunicaciones para el fortalecimiento del proyecto video vigilancia del Estado de Campeche”.
De acuerdo con lo indicado en el documento, la adjudicación del nuevo convenio a las filiales de Grupo Altavista “se realizó mediante el procedimiento de Licitación Pública Internacional Abierta número LA-904015996-El 1-2018”, por un monto de 48 millones 841 mil pesos, para fortalecer el sistema de videovigilancia en Campeche, con 102 aparatos; Ciudad del Carmen, con 66, y Candelaria, con 12.
El financiamiento de estos contrastos son tanto con recursos federales como con recursos locales de los primeros con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal)” y con el subsidio “Fortalecimiento financiero” (Fortafin), que pertenece al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, ejercicio fiscal 2018.
Como periodo de ejecución, se fijó un plazo de cinco meses, contados a partir de la notificación del fallo, e incluyó el pago del 50 por ciento como anticipo (24 millones 420 mil pesos) y el 50 por ciento restante “contra entrega de los servicios y productos entregables, a satisfacción de “El Estado”.
El documento fue suscrito “por cuadriplicado, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, el día 23 de julio de 2018”, tanto Ortiz González, representante de la administración de Moreno Cárdenas, como Samper Aguilar, a nombre de las dos empresas filiales del Grupo Altavista.
