Por mayoría de votos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó no sobreseer las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y senadores de oposición contra la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos.
No obstante en votación dividida, determinó sobreseer un buen número de artículos de la norma impugnada, “lo que acredita, sin lugar a dudas la independencia y libertad con que nos conducimos los integrantes de este tribunal pleno”, estableció el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Dijo que si no fuera así, no habría votaciones diferenciadas, “cada uno ha emitido su voto de acuerdo a su convicción y percepción del caso que estamos viendo”. Sin embargo, expuso, “es un hecho que estas votaciones pudieran llegar a modificar y a impactar en los conceptos de invalidez que analizan posteriormente”, anticipó.
Antes de levantar la sesión, informó que se presentaron dos nuevas acciones de inconstitucionalidad contra el decreto que reformó la ley que se analiza y que por turno le corresponderá elaborar los proyectos correspondientes a la ministra Yasmín Esquivel Mossa.
En el segundo el día de análisis de las acciones, el ministro presidente ratificó su voto contra el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que proponía declarar inconstitucional la norma, y se pronunció por el sobreseimiento total de los recursos, porque habían cesado los efectos debido a que la ley impugnada había sido modificada casi en su totalidad.
El ministro Javier Laynez Potisek fue uno de los que se manifestó contra el sobreseimiento total, entre otros, quienes se pronunciaron por entrar al fondo del análisis de los conceptos de invalidez que presentaron en sus acciones la CNDH y senadores.
Entre ellos está si es que existió omisión legislativa al no fijar parámetros, elementos y procedimientos para establecer las remuneraciones de los servidores públicos distintos al presidente de la República y si la ley viola la autonomía presupuestal de los poderes Legislativo y Judicial.
“Tenemos que entrar al fondo y ahí entonces analizar si esa omisión legislativa persiste o no, pero no se puede hacer con el análisis tradicional de decir efectivamente aquí no cambiaron una coma, cambiaron bastante y entonces es sustantiva, la impugnación es esa, la impugnación es lo que le faltó a esta ley”, señaló el ministro Laynez Potisek.
El ministro Gutiérrez Ortiz Mena dijo que los cambios normativos no han suprimido la exigencia de responder la pregunta constitucional de fondo que es si en ambas acciones de inconstitucionalidad la carta magna que permite la facultad de aprobar la remuneración del Presidente de la República y con ello para todos los demás funcionarios públicos sea discrecional o por el contrario la Constitución exige que sea una facultad reglada.
En la sesión del próximo jueves el pleno determinará, de acuerdo como está planteado el proyecto, si hubo violaciones dentro del proceso legislativo para la emisión de las normas del decreto de noviembre de 2018.
