BUENOS AIRES, ARGENTINA. El embarazo de una niña de 12 años que fue violada por su vecino de 60 años se ha convertido una disputa nacional en Argentina.
El pasado 12 de enero, la menor y su madre pidieron un aborto, amparadas en que la violación es uno de los supuestos legales para interrumpir el embarazo en Argentina, pero los médicos y las autoridades provinciales se lo negaron debido a su avanzado estado de gestación que en ese momento era de 24 semanas.
Grupos antiabortistas se concentraron a las puertas del hospital contra lo que consideraban “el asesinato de un inocente”.
Colectivos feministas exigieron que se respetase la ley y la voluntad de la menor. Finalmente, el 18 de enero a la niña le practicaron una cesárea para salvar a la bebé, que iba a ser dada en adopción.
El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, anunció que “una familia importante” estaba dispuesta a criarla como su hija y por la noche, el hospital anunció que la recién nacida había muerto.
Ante los cuestionamientos hacia el Hospital, estos informaron que la menor se encontraba estable después de haber pasado por una cesárea que se complicó, pero que el bebé tuvo complicaciones seguramente por la falta de compatibilidad entre la menor y el bebé.
Los antiabortistas critican al gobernador Morales por no haber obligado a la menor a permanecer un mes más embarazada y así garantizar la viabilidad del feto, arriesgando la vida de la niña después del fuerte trauma sufrido tras la violación, que puso en peligro a las dos.
