CD DEL CARMEN. Durante el acto proselitista de la autoimpuesta candidata a senadora, así como dirigente el Partido Acción Nacional (PAN) con licencia, Yolanda Valladares Valles, que se realizó en las instalaciones del mercado municipal Alonso Felipe de Andrade, se notó la presencia de algunos regidores municipales quienes buscan quedar bien con la jefa Yola y además asegurar sus puestos políticos, esto en horarios laborales incumpliendo con la ley.
La quinta regidora Mayela Martínez Arroyo y José del Carmen Gómez Quej, síndico de Hacienda, acudieron en punto de las 9:30 de la mañana, para apoyar a la no querida por el pueblo carmelita, Valladares Valle en un intento de asegurar la tercera regiduría y la diputación federal plurinominal, respectivamente.
La candidata quien citó a las 9:30 de la mañana, para iniciar su actividad proselitista no llegó, sino hasta las 11 de la mañana, luego de que desayunara bien, mientras que su equipo de apoyo a un sin comer la esperaba. La impuntual candidata puso como pretexto una supuesta reunión.
En tanto Martínez Arroyo y Gómez Quej, quienes debieron están en sus oficinas trabajando, ocuparon el tiempo en repartir trípticos, volantes y hacerle bulla a su jefa, todo con el fin de refrendar el apoyo y caer en la gracia de Yolanda.
Según la Contraloría General de la Republica los funcionarios y servidores públicos tienen prohibido por ley de realizar proselitismo político mediante el uso de sus funciones o empleando la infraestructura, bienes o recursos públicos en favor o en contra de candidatos, partidos u organizaciones políticas.
SE DEBE SANCIONAR
Ya es normal, que los funcionarios y empleados, repliquen las acciones del presidente Pablo Gutiérrez Lazarus, pues él, impunemente hace uso tanto del personal, equipo y recursos públicos para beneficio de su campaña. Estos funcionarios y servidores públicos deben tener presente que el usar indebidamente o dar una aplicación diferente a los bienes y recursos públicos para actividades partidarias, manifestaciones o actos de proselitismo, es considerada una infracción muy grave que puede conllevar a la inhabilitación para el ejercicio de la función pública no menor de 3 ni mayor de 5 años, de acuerdo al Decreto Supremo N° 023-2011-PCM.
