Entre los delitos que más se cometen, indicó Díaz Santana, 60% son de personas que cambian de domicilio de manera irregular, lo que se conoce como el turismo electoral, para tratar de votar en otro lugar.
El segundo lugar, con 20%, figuran las personas que tramitan una credencial de elector con datos falsos, y entre 17 y 20% de los ilícitos se relacionan con el uso de recursos públicos para apoyar a partidos políticos y candidatos, compra y coacción del voto, y condicionamiento de programas sociales, estas son las conductas ilegales con mayor recurrencia.
De acuerdo con el área de política criminal de la Fepade, los estados donde más denuncias se presentan son: Estado de México, Veracruz, Chiapas y la Ciudad de México, en esta última se concentra un alto número de casos, porque es la sede del INE y esta institución presenta el 50 por ciento de las quejas.
El funcionario dijo que por lo general la gente pregunta: “¿Hay personas en la cárcel por comisión de delitos electorales? Y responde: “Hay un caso de 2008 de una persona a la que se le dio una sentencia de más de 40 años por falsificar más de 14 credenciales de elector.
Explicó que para que una denuncia proceda, el ciudadano primero debe informarse lo que son los ilícitos electorales, los cuales se detallan en la ley general de delitos en la materia, donde se precisan más de 200 conductas.
Las conductas ilegales, dijo Díaz Santana, son muy variadas pero se pueden sintetizar en tres puntos: uno, acciones que buscan afectar, vulnerar los derechos político-electorales, sobre todo del ciudadano a la hora de emitir su voto, es decir, compra, coacción, manipulación, inducción del voto, cualquier causa que prohíba, o que no le permita votar en libertad, en secrecía.
Dos, acciones que afectan las condiciones de competencia política, la equidad de la contienda, usar financiamiento irregular, y tres, cuidar la institucionalidad electoral en cada una de las etapas electorales, que es la columna vertebral para organizar una elección.
Como ejemplo, expuso el fiscal, figura cualquier persona que de manera irregular manipule o quiera obtener una credencial de elector mediante datos falsos, esa persona estaría incurriendo en un delito electoral y a la vez afectaría al padrón electoral que es la base fundamental para la organización de la elección.
Para garantizar la vigilancia y atención de las conductas ilegales, la fiscalía cuenta con un equipo de 338 personas; sin embargo, como institución que tiene 24 años de trabajar de manera coordinada, para esta elección se despliega una labor colegiada con aliados estratégicos, puesto que se cuenta con la colaboración de las autoridades de justicia de los 32 estados, además de policías federales, estatales y municipales.
Aseguró que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) está lista para atender cualquier denuncia por presuntos delitos de partidos políticos, organismos no gubernamentales y la población en general durante la contienda electoral 2018.
Pruebas, parte fundamental de una denuncia
Lo que es importante que la ciudadanía conozca, es que cuando realiza una denuncia tiene que aportar una relación coherente de los hechos, así como el mayor número de pruebas, porque a veces dicen, en mi colonia están comprando el voto, pero no precisan quién lo hace o proporcionan características de personas o vehículos.
Ahora que se vive en la época de las altas tecnologías, dijo, una fotografía o un video ayudaría mucho para hacer una investigación más funcional y eficiente.
Refirió que la Fepade, es una institución que conforma la trilogía legal electoral del país, junto con el Instituto Nacional Electoral (INE) que organiza la elección, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que se especializa para las denuncias e impugnaciones que se presentan.
