Al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se le están acabando los recursos judiciales para sortear los líos en los está metido. El día de hoy, el tribunal de segunda instancia que lo condenó a 12 años de cárcel el pasado 24 de enero, rechazó los recursos que presentó su defensa. La decisión no es poca cosa porque deja a Lula con un pie en la cárcel, y en manos de la Corte Suprema ,quien resolverá su situación el próximo 4 de abril.
Durante las diligencias, los tres magistrados de la octava sala del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región de Porto Alegre (TRF4) fueron contundentes con la decisión, pues desestimaron de forma unánime el recurso que presentaron los abogados de Lula . Sin embargo, la defensa tenía todavía una carta para jugar y presentaron un “habeas corpus” preventivo, todo con tal de blindar a su cliente y lograr que no terminara encarcelado ide inmediato.
Desde que el tribunal dictó la sentencia, Lula, quien fue presidente de Brasil desde el año 2003 hasta el 2010, ha hecho todo lo posible para salir bien librado. A pesar de haber sido acusado por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, asociados, en ambos casos, al escándalo detectado en Petrobras. El expresidente se mantiene en su posición de ser inocente.
Los magistrados determinaron el cumplimiento inmediato de la pena una vez analizadas todas las apelaciones. Tras el fallo del TRF4, la defensa de Lula presentó lo que se conoce como “embargo de declaración”, un recurso en el que se solicita un esclarecimiento de la decisión judicial, pero que no puede modificar el contenido de la sentencia.
Inmerso en la batalla judicial, Lula prosiguió hoy su gira por el sur de Brasil para defender su inocencia y denunciar una supuesta “persecución judicial”, en medio de las protestas de algunos detractores.
El ex jefe de Estado se ha postulado como candidato del Partido de los Trabajadores para las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre, pero su carrera electoral puede ser impedida por la justicia electoral, pues existen normas que impiden que un condenado en segunda instancia pueda optar a un cargo electivo.
Así las cosas, si el próximo 4 de abril el Tribunal Supremo aprueba el recurso de Lula, se paralizará la ejecución de la pena de la sentencia. De rechazarlo, el juez tendría todas las facultades para enviarlo a prisión.
