CAMPECHE.- Una exempleada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Benyelin Casanova Aguilar, acudió a las instalaciones del partido para dar seguimiento al proceso legal que mantiene desde hace siete años por el pago de su liquidación, luego de haber trabajado durante una década en esta institución política.
La extrabajadora explicó que, pese al tiempo transcurrido, no ha logrado recibir el pago que le corresponde por su despido, por lo que decidió recurrir a las instancias laborales para hacer valer sus derechos. Señaló que durante el proceso también enfrentó señalamientos relacionados con presuntos desvíos de recursos, situación que, aseguró, quedó aclarada al determinarse que no tuvo responsabilidad.
La extrabajadora explicó que, pese al tiempo transcurrido, no ha logrado recibir el pago que le corresponde por su despido, por lo que decidió recurrir a las instancias laborales para hacer valer sus derechos. Señaló que durante el proceso también enfrentó señalamientos relacionados con presuntos desvíos de recursos, situación que, aseguró, quedó aclarada al determinarse que no tuvo responsabilidad.
Casanova Aguilar manifestó que su intención era alcanzar una solución mediante el diálogo con la dirigencia del PRI; sin embargo, afirmó que desde el inicio de su procedimiento laboral ha encontrado resistencia por parte de la presidencia del partido, que se ha negado a atenderla directamente.
BUSCA HACER EFECTIVA LA RESOLUCIÓN LABORAL
La exempleada indicó que actualmente cuenta con un laudo que se encuentra en proceso de amparo para quedar firme, además de que tiene reconocido el derecho a recibir un pago de subsistencia. Por ello, señaló que acudió acompañada de sus abogados para avanzar en la ejecución de las medidas legales correspondientes.
Durante su visita, explicó que sostuvo conversaciones con el representante legal del partido, el abogado Irving, así como con personal del área contable, quienes le presentaron una propuesta para atender el adeudo; no obstante, aclaró que todavía no considera que exista un acuerdo definitivo.
La extrabajadora aseguró que continuará con el procedimiento legal mientras no tenga una solución concreta, pues consideró que las propuestas verbales no garantizan el cumplimiento de sus derechos. Asimismo, evitó revelar el monto que reclama por recomendación de sus abogados y por motivos de seguridad.
Informó que el siguiente paso sería acudir a las instituciones bancarias para solicitar el embargo de las cuentas del partido, como parte del procedimiento para garantizar el pago. Reiteró que mantendrá las acciones legales hasta que se resuelva su situación laboral y pueda recibir la compensación que reclama tras siete años de litigio.