CAMPECHE, CAMP. Detrás del basurero clandestino repleto de chatarra detectado este año en el cementerio de Siglo XXI no solo hay un delito ambiental; hay una cadena de omisiones, complicidades e irresponsabilidad empresarial. Las autoridades ya rastrean la ruta del desecho furtivo para determinar con exactitud qué empresas generaron esos residuos electrónicos de manejo especial, qué transportistas los movilizaron sin autorización y qué actores los dejaron pasar impunemente hasta poner en riesgo los acuíferos de la región.
El hallazgo de toneladas de aparatos informáticos y baterías a la intemperie encendió las alarmas debido a la rápida filtración de metales pesados en el suelo. La titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía (Semabicce), Joselyn Durán Murrieta, confirmó que la investigación a cargo de la Fiscalía del Estado no se limitará al predio afectado, sino que se profundizará en el origen y la logística que permitieron este depósito ilegal.
MUNICIPIOS CUENTAN CON REGISTRO DE RESIDUOS
“Quien atiende la denuncia directa es la Fiscalía del Estado… Nosotros apoyamos en la parte técnica. Tienen ciertos, no peritos, pero sí gente que tiene el experto técnico para apoyar”, precisó la funcionaria al referirse al cerco legal que se tiende sobre la cadena de transporte y recepción de los materiales toxicógenos.
Ante la inminente aplicación de sanciones ejemplares contra los responsables de este atentado ecológico, Durán Murrieta hizo un llamado urgente a las empresas generadoras de residuos de manejo especial para regularizarse de inmediato. Enfatizó que el trámite de registro no tiene costo alguno y que es la única vía legal para transparentar a dónde llevan su basura, quiénes la transportan y qué plantas la reciben con los permisos correspondientes.
Con el objetivo de no dejar excusas a los industriales y comerciantes de la entidad, la dependencia confirmó que ya operan oficinas de Registro Especial en los 13 municipios del estado. Quienes insistan en operar al margen de la ley o contratar fletes clandestinos no solo se arriesgan a clausuras y multas severas, sino a enfrentar cargos penales por la contaminación directa del agua subterránea.
