CAMPECHE, CAMP. Abandonar a un hijo en la infancia ya no saldrá gratis al llegar a la vejez. El Congreso aprobó en lo general una reforma al Código Civil que le quita a los padres y madres deudores el derecho de exigir una pensión alimenticia a sus hijos cuando alcancen la tercera edad. La norma irrumpe en las leyes familiares para liquidar la obligada “reciprocidad” y proteger a quienes crecieron sin sustento, enviando un mensaje contundente a las salas de hogar: quien no aportó en la cuna, no cobrará en la vejez.
La iniciativa, impulsada por las diputadas Ana María López Hernández y Abigaíl Gutiérrez Morales (PT) y respaldada de manera multipartidista por Morena, MC, PRI, PVEM y una legisladora independiente, modifica el artículo 320 bis del Código Civil estatal. Durante la sesión, la lectura del dictamen a cargo del diputado Salín Abram dejó en claro que la retribución económica a los padres ancianos o vulnerables debe ponderarse frente a sus antecedentes de responsabilidad, evitando que las víctimas de abandono infantil sufran un nuevo despojo en su adultez.
El mayor beneficio para los ciudadanos afectados— es que la reforma plantea que no será estrictamente obligatorio que haya existido una demanda judicial formal durante la infancia para frenar el cobro. La ley busca abrir el abanico para acreditar el abandono mediante sentencias previas, la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios u otro tipo de pruebas reconocidas, intentando desmantelar el candado burocrático que históricamente protegía al progenitor ausente.
RESOLVERÁN CASOS CON VACÍOS DOCUMENTALES
Sin embargo, detrás del aplauso legislativo se asoma un vacío técnico que amenaza con trabar la aplicación real de la ley en los juzgados. Si durante la niñez la madre o el tutor jamás interpuso una denuncia por pensión —sitio donde se fija la cuota, la sentencia y la posterior vía de apremio o cárcel—, no habrá registro oficial ni expediente que certifique el incumplimiento. Dejar abierto el criterio probatorio a “otras pruebas” sin un procedimiento claro amenaza con trasladarle al hijo adulto una pesada y confusa carga legal para demostrar pasados de hace 20 o 30 años.
Para determinar si procede o no retirar el beneficio de la pensión al adulto mayor, los jueces de la entidad deberán entrar a un terreno de valoración compleja: analizar la gravedad y duración del abandono, las condiciones económicas reales en las que vivía el progenitor en aquel momento y si existió alguna aportación parcial.
