CAMPECHE, CAMP. El discurso del “INE no se toca” se vino abajo estrepitosamente tras salir a la luz el botín millonario que ocultaba. La gobernadora Layda Sansores puso al descubierto el entramado de corrupción que salpica a Alejandro “Alito” Moreno y al expresidente del árbitro electoral, Lorenzo Córdova, exponiendo cómo el presupuesto destinado a la democracia terminó enterrado en un descarado esquema de simulación de competencia.
La investigación revela una red de complicidad mediante la cual se entregaron más de 2,064 millones de pesos a un solo grupo familiar: los hermanos Hernández Casillas. Operando a través de seis empresas distintas que competían falsamente entre sí para amarrar licitaciones, este conglomerado se quedó con la fabricación exclusiva de las urnas, boletas y mamparas que se utilizaron en los procesos electorales del país.
Este patrón de opacidad no es nuevo y arrastra un turbio historial. Entre los negocios de la familia destaca Cartonera Plástica, firma señalada desde 2005 por recibir 63 millones de pesos y repartir presuntos sobornos a consejeros electorales —quienes terminaron renunciando tras confirmarse las irregularidades— justo durante la controvertida elección del Estado de México que llevó a la gubernatura al priista Enrique Peña Nieto.
Lejos de frenarse, el negocio millonario de los Hernández Casillas logró enquistarse en la nueva etapa del órgano electoral. La red empresarial continuó facturando y sumó más de 646 millones de pesos adicionales durante la gestión de Guadalupe Taddei, la actual consejera presidenta que llegó al cargo tras ser elegida mediante el polémico método de la tómbola.
Las alarmas financieras finalmente detonaron una sacudida institucional que ya no se pudo ocultar. Ante la contundencia de las pruebas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ejecutó el congelamiento de 40 cuentas bancarias ligadas al escándalo, mientras la Auditoría Superior de la Federación (ASF) arrancó una revisión forense exhaustiva bajo la consigna explícita de aplicar la justicia de manera pareja.
El expediente destapado no solo exhibe el voraz desvío de recursos públicos, sino que deja al descubierto la hipocresía de las cúpulas que juraron defender la autonomía de las instituciones. Mientras la ciudadanía confiaba en el arbitraje de las urnas, tras bambalinas se cocinaba un negocio multimillonario que hoy tiene a sus principales operadores con el agua hasta el cuello.
