CAMPECHE.- Unos 350 ejidatarios de Chuunkopó, perteneciente al municipio de Hecelchakán, acudieron al Palacio de Gobierno para solicitar la intervención de la gobernadora Layda Sansores San Román ante la presunta invasión de terrenos ejidales en una zona de reserva forestal. Los inconformes exigieron que las autoridades correspondientes actúen y procedan al desalojo de las personas que actualmente ocupan esas tierras.
Durante su manifestación, los representantes ejidales señalaron que la ocupación irregular comenzó hace más de dos meses y medio, pese a que ya presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, afirmaron que hasta el momento no han obtenido una respuesta que permita resolver el conflicto y recuperar la posesión de los terrenos.
Los inconformes argumentaron que cuentan con documentos y elementos para acreditar sus derechos sobre las tierras, por lo que consideraron que las autoridades deben aplicar la ley y dar seguimiento a las denuncias presentadas. Advirtieron que la falta de acciones podría provocar un enfrentamiento entre los propietarios y quienes mantienen ocupada la zona.
EXIGEN RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES
Los ejidatarios señalaron que, según la información que han recibido, entre las personas que ocupan los terrenos habría individuos procedentes de Chiapas, Guatemala y otras entidades del país. También mencionaron que presuntamente existe un líder del movimiento, quien anteriormente habría tenido tierras en otro ejido de la región.
Asimismo, expresaron su preocupación por el impacto ambiental que podría ocasionar la ocupación de la reserva, al señalar que se trata de una zona de montaña y vegetación que debe ser protegida. Cuestionaron que, mientras a los campesinos se les sanciona por cortar árboles o afectar áreas forestales, en Chuunkopó presuntamente se estén realizando actividades de desmonte sin que exista una intervención efectiva.
Los representantes recordaron que el ejido cuenta con aproximadamente 840 ejidatarios y que la defensa de la reserva forestal es una responsabilidad colectiva. Indicaron que distintas dependencias, así como elementos del Ejército y la Guardia Nacional, tienen conocimiento de la situación, pero hasta ahora, aseguraron, no se ha concretado el desalojo que solicitan.
Reiteraron que su intención no es confrontarse con las autoridades, sino recibir respaldo institucional para recuperar sus tierras y proteger la zona forestal. No obstante, advirtieron que, si no obtienen una respuesta, podrían emprender otras medidas de presión, entre ellas el bloqueo carretero, aunque señalaron que por el momento prefieren agotar las vías legales y evitar mayores conflictos.
