CDMX. El escándalo por los contratos de material electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) amenaza con convertirse en una auténtica caja de Pandora. Y es que, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el problema no nació ayer, ni con la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo: tiene antecedentes que se remontan hasta 1999 y que, pese a los señalamientos de aquellos años, continuaron reproduciéndose durante décadas.
La revelación presidencial pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cómo es posible que un reducido grupo de empresas haya mantenido una posición privilegiada en la contratación de material electoral durante tantos años?
Sheinbaum recordó que hubo un primer escándalo en 1999 y otro en 2005, pero lo verdaderamente llamativo es que, después de esos antecedentes, los mismos contratistas fueron reconocidos en 2014 como proveedores del INE y de los organismos electorales estatales.
Y aquí aparece un nombre que no puede quedar fuera de la discusión: Lorenzo Córdova, junto con Alfredo Figueroa. La presidenta señaló que ambos reconocieron la existencia de este esquema de concentración de contratos.
Es decir, no se trata solamente de revisar las decisiones de la actual administración electoral, sino de investigar cómo se construyó, consolidó y permitió la permanencia de una estructura de proveedores privilegiados.
El asunto adquiere mayor relevancia porque, según lo expuesto por Sheinbaum, el modelo también se extendió a los institutos electorales estatales, cuyos consejeros fueron elegidos durante la gestión de Córdova. Una circunstancia que obliga a revisar los mecanismos de contratación, las relaciones institucionales y los criterios utilizados para adjudicar recursos públicos. No basta con cambiar nombres en las oficinas si las prácticas permanecen intactas.
La propuesta presidencial de fortalecer Talleres Gráficos de México, mediante un consejo abierto, representa una alternativa para romper con esa dependencia de proveedores concentrados. Se trata de recuperar capacidad pública, ampliar la competencia, transparentar los procesos y garantizar que los materiales electorales se produzcan bajo condiciones de legalidad, eficiencia y rendición de cuentas.
Sheinbaum ha puesto el dedo en la llaga: el problema debe investigarse desde sus orígenes, sin proteger a nadie y sin convertir la revisión en un ajuste de cuentas político. Porque la autonomía del INE no significa inmunidad frente a la fiscalización, ni puede servir de escudo para prácticas que comprometan el interés público.
