Detectar a tiempo cuando una relación de noviazgo empieza a volverse violenta también será tarea de las escuelas en Campeche. Con una reforma aprobada por el Congreso del Estado, los planteles públicos y privados deberán capacitar de manera continua a sus maestros y personal administrativo para reconocer las primeras señales de agresión y orientar a los estudiantes que estén pasando por una situación de este tipo.
La iniciativa fue presentada por la diputada Ana María López Hernández (PT) y respaldada por las legisladoras Verónica Margarita Roca Méndez y Ena América García García (Morena), así como por la independiente Maricela Flores Moo. La propuesta recibió el apoyo unánime del Congreso, con 33 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
La reforma, aprobada por la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos de Familia, agrega el Capítulo III Bis y los artículos 10 Ter y 10 Quater a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado. Durante la discusión, distintas bancadas coincidieron en la importancia de proteger el bienestar de las juventudes campechanas.
BUSCAN FRENAR CONTROL Y ACOSO
La reforma deja claro que la violencia en las relaciones de pareja entre jóvenes no se limita a los golpes. También incluye agresiones psicológicas, sexuales, económicas y patrimoniales, además del acoso, la intimidación y los intentos de controlar con quién se relaciona la pareja. A esto se suman los ataques digitales y las amenazas, conductas que pueden continuar incluso después de terminar la relación.
La protección también aplica cuando las personas no viven juntas ni están casadas. Para prevenir estas situaciones, las autoridades estatales y municipales deberán trabajar de la mano con las escuelas en programas permanentes de prevención y atención integral. La medida pone especial atención en niñas, adolescentes y jóvenes, con la intención de que los planteles sean espacios seguros donde se puedan detectar las primeras señales de violencia y actuar a tiempo.
La reforma también contempla opciones de denuncia accesibles, seguras y gratuitas, además de asesoría jurídica y atención psicológica especializada para las víctimas. Un punto importante es que quienes sufrieron las agresiones y quienes las cometieron deberán recibir atención por separado, con personal distinto y en espacios diferentes. Además, queda prohibido presionar a las víctimas para que acepten una conciliación o mediación con sus agresores.
