La restitución de las oficinas del Tribunal Unitario Agrario en territorio campechano se mantiene como la prioridad central para el sector rural de la entidad. A casi dos años de que se iniciaran los trámites y mesas de diálogo, integrantes de la organización agraria Grupo Resurgimiento “Pedro Sainz de Baranda” hicieron un llamado urgente para acelerar el seguimiento a los acuerdos establecidos y lograr que la impartición de justicia vuelva a operar de manera local, evitando con ello el constante desgaste de los productores agrarios.
José Rubén Cab Chablé, integrante de la agrupación, así como el presidente José Adán Castillo Dzib señaló que, el núcleo de la petición radica en dar continuidad a los compromisos institucionales firmados desde el 25 de abril del año pasado. De acuerdo con los representantes, en aquella fecha se establecieron convenios para gestionar ante la magistratura el envío del personal y la asignación formal de las oficinas que albergarían la sede judicial en Campeche.
Sin embargo, a la fecha, los litigantes y ejidatarios señalan que continúan a la espera de un mensaje o confirmación oficial sobre la resolución definitiva de este trámite. A la par de las gestiones administrativas, las organizaciones acudieron al Poder Legislativo local para canalizar su solicitud. Las agrupaciones agrarias reiteran la importancia de reactivar los canales de comunicación y trabajo conjunto entre las distintas dependencias.
En el aspecto económico, la falta de una sede local representa un costo elevado e insostenible para los trabajadores del campo. Cada viaje de ida y vuelta a la capital yucateca implica una erogación promedio de $2,000 pesos únicamente en transporte. A esta suma se añaden los honorarios de los representantes legales, cuyos cobros por audiencia oscilan entre los $5,000 y $7,000 pesos, montos que resultan inaccesibles para la mayoría.
Ante este panorama, la representación de la organización agraria solicitó la apertura inmediata de mesas de trabajo, para retomar la carpeta de acuerdos y concretar el trámite pendiente. El objetivo de las agrupaciones es establecer un diálogo ágil y directo que permita atender el rezago en el sector rural y devolver a los campesinos, amas de casa y productores campechanos la posibilidad de acceder a una justicia cercana, rápida y accesible en su propia tierra.
