CAMPECHE, CAMP. Con la aprobación de diversas reformas a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche, la LXV Legislatura del Congreso estableció una nueva exigencia legal para las autoridades locales: promover, operar, conservar y dar mantenimiento de forma obligatoria a la infraestructura de tratamiento de aguas residuales y fosas sépticas. La medida busca frenar el abandono de esta red técnica y asegurar que los desechos líquidos reciban el manejo adecuado antes de ser vertidos al entorno.
El llamado cobra especial relevancia para los Ayuntamientos, donde la eficiencia en el saneamiento y la reactivación de plantas tratadoras operativas han sido demandas constantes de la población. Con este ajuste marco, la administración capitalina estará constreñida a asumir plenamente la puesta en marcha y fiscalización de su infraestructura hídrica, evitando que aguas sin tratar comprometan los mantos freáticos de la ciudad y las zonas costeras.
Diputados locales enfatizaron que el espíritu de la reforma radica en prevenir riesgos ambientales severos provocados por la omisión o el mal manejo de los desechos urbanos.
