CAMPECHE, CAMP. Imagine sufrir el robo de su moto, triciclo o automóvil y que, al momento de ser localizado, el trámite para tenerlo de vuelta termine costando una pequeña fortuna. Entre el servicio de grúa, las maniobras de arrastre, los días acumulados en el depósito y hasta las multas cometidas por los propios delincuentes, la cuenta final llega a superar en muchos casos el valor real del vehículo, por lo que se propuso una iniciativa para apoyar la economía de los propietarios y que queden exentos de estos pagos.
Para poner fin a este impacto económico sobre las familias campechanas, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Ana María López Hernández, junto con su compañera de bancada Abigail Gutiérrez Morales, presentó en el Congreso del Estado que las víctimas de robo no tengan que desembolsar ni un solo peso. La propuesta busca reformarla Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular, así como la Ley de Víctimas, fijando reglas claras para proteger el patrimonio de todos.
Ante esto, la responsabilidad será para el delincuente, ya que todos los gastos de traslado y resguardo sean cobrados directamente al responsable del delito como parte de la reparación del daño. Pero en tanto no haya un imputado detenido, el Estado asumirá dichos costos operativos a través del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas.
De igual forma señalaron que es importante garantizar la entrega inmediata y gratuita del vehículo a su legítimo dueño, evitando multas o cobros por infracciones ajenas.
