HECELCHAKÁN.- El estado que presentan algunas calles y servicios públicos de Hecelchakán ha generado cuestionamientos hacia la administración municipal que encabeza José Cevastián Yam Poot. Entre las principales inconformidades señaladas se encuentran el deterioro de vialidades, la presencia de baches y la falta de atención a diversas necesidades de la población.
Los señalamientos también alcanzan las condiciones laborales de trabajadores del Ayuntamiento, pues se han planteado acusaciones relacionadas con presuntas amenazas o falta de un trato adecuado. Ante ello, se demanda que cualquier situación que pudiera constituir una irregularidad sea revisada por las instancias correspondientes y se determinen responsabilidades únicamente si existen elementos para ello.
La discusión también involucra a integrantes del Cabildo, entre ellos la primera regidora Yaremy Arainy Chi Colli y los demás regidores y síndicos. Documentos oficiales del Ayuntamiento confirman la integración del Cabildo para el periodo 2024-2027.
Entre los cuestionamientos políticos también se menciona a José Dolores Brito Pech, a quien se atribuye haber entregado una administración con adeudos y tener interés en participar en la contienda electoral del próximo año. Este señalamiento deberá ser respaldado con documentación oficial y, en su caso, con información sobre su situación financiera y política para establecer responsabilidades concretas.
En materia jurídica, el artículo 115 constitucional establece las atribuciones de los municipios en materia de servicios públicos, mientras que el artículo 134 establece principios para la administración de los recursos públicos. Por ello, ante cualquier sospecha sobre el uso irregular de recursos, corresponde a las autoridades fiscalizadoras determinar si existen observaciones, responsabilidades administrativas o algún otro tipo de irregularidad.
Mientras continúan los cuestionamientos, el debate público en Hecelchakán se concentra en las condiciones de las calles, la prestación de los servicios municipales, las condiciones de los trabajadores y la transparencia en el ejercicio de los recursos. Corresponderá a las autoridades municipales responder a las inquietudes y, en caso de existir denuncias formales, a los órganos competentes determinar si hubo alguna conducta irregular.
