CDMX. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro, presentó este martes uno de los balances más contundentes de su gestión: 286 personas morales han sido sancionadas por prácticas corruptas en contrataciones públicas, con un total de 147.3 millones de pesos en multas. De ellas, 222 fueron inhabilitadas además de la sanción económica y 64 solo recibieron multa.
Buenrostro detalló las irregularidades más comunes que se detectan entre las empresas: presentar documentación falsa en licitaciones, incumplir contratos al no entregar bienes o servicios a tiempo o nunca hacerlo, simular experiencia técnica, personal calificado y capacidad económica, y ocultar conflictos de interés. En varios casos, dijo, se ha documentado que cuatro o cinco empresas del mismo dueño simulan competencia entre sí para ganar contratos.
Además de las sanciones administrativas, 33 particulares vinculados con servidores públicos ya fueron enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y todos se encuentran en proceso. La ofensiva no se detiene en el ámbito administrativo. En materia de protección de datos personales, con las atribuciones heredadas del INAI, 51 particulares han sido sancionados con multas que alcanzan hasta 118.5 millones de pesos. Y como las faltas administrativas también pueden constituir delitos, la Secretaría ha presentado 517 denuncias ante la Fiscalía General de la República, de las cuales 53 personas ya están vinculadas a proceso
