CDMX. El Congreso de Sinaloa actuó con celeridad y unidad. En votación económica y por unanimidad, los diputados locales avalaron la licencia indefinida solicitada por Rubén Rocha Moya al frente del Poder Ejecutivo estatal.
Por ello, el presidente de la Diputación Permanente, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, lo anunció con claridad: “Por unanimidad, se aprueba la licencia en los términos solicitados por el Doctor Rubén Rocha Moya.
Expídase el acuerdo correspondiente. En consecuencia, túrnese el expediente a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para que emita la propuesta de Gobernadora o Gobernador interino en términos de lo que establece el artículo 58 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa”.
La decisión pone fin a un episodio de apenas 33 horas en las que Rocha Moya había retomado el cargo. Ahora el Congreso prioriza la continuidad institucional y el bienestar de los sinaloenses.
El Pleno aprobó también, de manera unánime, la convocatoria a un cuarto periodo extraordinario de sesiones que iniciará mañana lunes 24 de agosto de 2026. El objetivo es claro: proponer a la persona que ocupará el cargo de gobernador o gobernadora interina y, en su caso, proceder a su toma de protesta. El periodo durará el tiempo necesario para desahogar los asuntos agendados.
“SINALOA NO ESTÁ PARA EXPERIMENTAR”
Coparmex Sinaloa lanzó un llamado contundente a los diputados locales: Ante la segunda solicitud de licencia indefinida del gobernador Rubén Rocha Moya, el perfil que se designe para encabezar el Poder Ejecutivo debe contar con aptitudes reales, experiencia comprobada y determinación.
“No es momento de cálculos políticos ni de continuidades por inercia; es momento de gobernabilidad real”, advirtió el organismo empresarial en un comunicado oficial titulado “Fuerza Empresarial al Servicio del Bien Común”.
Por ello, exigió que la persona que sea designada reúna, de manera indispensable, capacidad real de gestión en seguridad pública con resultados verificables y no solo discursos; disposición genuina para escuchar y atender las necesidades del sector productivo y de la sociedad civil, no solo las de un grupo político; compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en cada decisión de gobierno; y una visión económica clara para detener el cierre de empresas y recuperar la confianza de la inversión.
