CAMPECHE.- Prometen dinero inmediato, sin revisar Buró de Crédito y a través de una simple aplicación o anuncio en redes sociales, pero la realidad tras la pantalla es una pesadilla de cobros triples, robo de información sensible y mensajes amenazantes. En Campeche, la desesperación por resolver una urgencia económica está llevando a familias enteras a caer en manos de estafadores que operan en el anonimato digital, transformando un supuesto alivio financiero en un chantaje sin salida.
AL MES CAEN 45
Carlos Gutiérrez Alonso, titular de la Condusef, señaló que, al mes se registran al menos 45 personas que son víctimas de stas plataformas fantasma que aprovechan el momento más vulnerable del usuario para ‘engancharlo’.
“Al descargar la aplicación o llenar formularios en sitios web poco conocidos, la víctima otorga acceso a sus datos personales y listas de contactos a cambio de préstamos que en ocasiones ni siquiera se depositan completos o con intereses altos de forma impagable, dando paso a campañas de acoso e intimidación directa hacia el deudor y sus allegados”, señaló.
SI SON SERIAS, NO PIDEN DINERO
Ante la velocidad con la que se multiplican estas apps fraudulentas, la prevención en el uso del teléfono celular es el único filtro efectivo para no comprometer el patrimonio. Advirtió que ninguna entidad crediticia legalmente constituida solicita pagos o depósitos por adelantado bajo el pretexto de “gestión de crédito”, ni requiere acceso total a la galería de fotos o contactos del dispositivo para autorizar un préstamo.
Para cortar la cadena de extorsiones digitales, la recomendación es verificar la legalidad de la empresa. Los usuarios deben consultar de manera gratuita el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) en el portal de la Condusef para confirmar si la institución existe y está regulada, evitando así caer en ofertas engañosas que circulan libremente en internet.
Por otra parte, señaló que el 75 por ciento de los reportes, se deben a ciudadanos que realizan reclamos que corresponden a problemas con instituciones financieras tradicionales (bancos, aseguradoras, afores, buros de crédito) que no necesariamente son un delito o estafa voluntaria, sino fallas operativas, cobros indebidos o disputas del servicio.
