CAMPECHE, CAMP. Para miles de empleados que veían con incertidumbre el cobro de su dinero, la presión dio resultados, las empresas señaladas por irregularidades en el pago de utilidades prefirieron saldar sus deudas de inmediato antes de enfrentar el peso de la ley. La amenaza implícita de inspecciones logró que los patrones abrieran la chequera dentro del plazo legal, garantizando que el fruto del trabajo anual llegara a las manos de sus trabajadores sin rodeos.
Anabel Báez Vázquez, subsecretaria del Trabajo y Previsión Social, omitió revelar el número exacto y los nombres de las compañías en la mira, confirmando únicamente que regularizaron su situación a tiempo. Esta reacción en cadena evitó que el conflicto escalara a un terreno legal mayor, librando a los negocios de sanciones administrativas, pero dejando en evidencia que el cumplimiento llegó solo tras la intervención de las autoridades.
La vigilancia no ha dado tregua y se concentra actualmente en el corazón del comercio, siendo las grandes cadenas de tiendas de autoservicio. Con un ritmo constante de entre tres y cuatro revisiones programadas por semana, la dependencia busca asegurar que los derechos laborales se respeten directamente en los centros de trabajo, donde la jornada diaria no se detiene.
