CAMPECHE, CAMP. El sector pesquero ribereño de Campeche ha fijado una fecha clave en el calendario, el próximo 31 de julio, hombres y mujeres del mar se sumarán a una Marcha Nacional de Pescadores y Acuacultores. La movilización busca visibilizar la delicada situación económica que atraviesa el sector e impulsar una mesa de trabajo para transformar las condiciones operativas y comerciales del litoral mexicano.
Octavio Caraveo Pech, representante de la Federación Nuevo Cooperativismo Pesquero, en Champotón, expuso con documentación en mano el principal detonante del descontento: a los productores les pagan apenas 6 pesos por kilo de pescado en playa, un monto que resulta insuficiente para cubrir los costos básicos de gasolina y mantenimiento de las embarcaciones.
Con pancartas y expedientes de peticiones, los manifestantes buscan llamar la atención de las autoridades federales para resolver problemáticas históricas del sector. Entre las demandas centrales destacan la revisión de la Ley General de Pesca (LGPAS), infraestructura de comercialización y articular convenios entre el IMIPAS, EPOMEX y universidades para diagnosticar la biomasa marina y recuperar la productividad en los mares locales.
EXIGEN DESTRABAR APOYOS
De igual forma, garantizar embarcaciones de rescate y salvamento marítimo, además de revisar la distribución presupuestal destinada al fomento pesquero en la región peninsular. La crisis no se debe a la falta de voluntad para trabajar, sino a una cadena de intermediarismo — denominada localmente como el “choque”— y a trabas administrativas que han diferido durante años la firma de convenios clave para el desarrollo pesquero.
La disparidad en la cadena de valor es evidente, mientras el productor percibe precios mínimos por su captura, el consumidor final en restaurantes o mercados paga costos significativamente más altos, quedando la mayor parte de la ganancia en manos del eslabón comercializador.
Los líderes pesqueros informaron que han hecho llegar una Carta Abierta a la Presidencia de la República, confiando en que el diálogo directo con el Ejecutivo Federal permita agilizar los trámites estancados y reactivar la economía de más de 15 mil familias que dependen de la actividad pesquera en Campeche.
