CAMPECHE, CAMP. El cierre del Congreso Nacional de Derechos Humanos dejó una definición contundente, las instituciones de protección no son enemigas del Estado, sino el termómetro indispensable para que los gobernantes no pierdan el rumbo. La gobernadora Layda Sansores reconoció reconoció la labor de los organismos públicos como el eje motor para consolidar la verdadera justicia social y fortalecer el Estado de Derecho en las regiones más vulnerables de México.
Al clausurar el Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), la mandataria lanzó una cruda confesión ante defensores de todo el país: “Cuando estás en el poder, se necesita alguien que te recuerde que no te desvíes del camino”, admitió, validando el contrapeso que ejercen los ombudsman frente a las instituciones públicas.
Ante delegaciones de todo el país, incluyendo la participación del Mtro. Horacio Culebro Borrayas, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, la gobernadora rompió el protocolo para describir la cruda realidad que enfrentan quienes defienden la dignidad humana en México, un oficio que históricamente se ha trazado “con sangre y en selvas silenciosas”.
Por otra parte, se reconoció que el fortalecimiento del Estado de Derecho no es un concepto de escritorio, sino una batalla diaria contra inercias estructurales, persecuciones políticas del pasado y un sistema judicial penal que muchas veces termina castigando desproporcionadamente a los sectores más desprotegidos.
