CAMPECHE, CAMP. En un estado donde cada ausencia pesa y cada expediente empolvado es una herida abierta, el Congreso de Campeche aprobó una reforma integral al Código Penal que busca algo más que “actualizar papeles”, busca que ninguna autoridad pueda volver a mirar hacia otro lado cuando una persona no regrese a casa.
La decisión, tomada por un consenso casi total entre Morena, Movimiento Ciudadano, PRI PT, PVEM y PAN, se trató de una armonización forzosa con la Ley General de Desaparición Forzada. ¿El beneficio real? Eliminar las “zonas grises” legales que los perpetradores y la burocracia utilizaban para dilatar las investigaciones o suavizar las penas.
La reforma deroga artículos obsoletos y reorganiza el catálogo de delitos para que la desaparición cometida por particulares y la desaparición forzada (aquella donde interviene el Estado) tengan castigos severos y procesos de búsqueda inmediatos, alineados con los estándares nacionales.
Durante años, la falta de claridad en el código local servía como un escudo invisible para quienes arrebatan vidas. Con esta modificación, Campeche se ve obligado a operar bajo el mismo rigor que el resto del país, facilitando que las fiscalías compartan datos y que la búsqueda no se detenga en las fronteras estatales.
