MÉXICO- En México, las sombras del neoliberalismo comienzan a disiparse, revelando un panorama de abusos y privilegios que durante décadas se disfrazaron de “eficiencia” y “meritocracia”. Claudia Sheinbaum mandará una iniciativa para errar las pesiones “doradas” , mientras que la esolución reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), obliga a Elba Esther Gordillo a pagar 19 millones 269 mil 323 pesos al SAT por Impuesto Sobre la Renta.
Pero la impunidad neoliberal no se limita a un solo nombre ni a un solo sector. Este fallo abre la puerta a cuestionar un sistema de privilegios más amplio, heredado de las políticas neoliberales que priorizaron élites sobre el bienestar colectivo. Por ello, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pondrá en la mesa una iniciativa que erradique las pensiones “doradas”.
En la banca de desarrollo, Nacional Financiera (Nafin) representa un bastión emblemático de retiros dorados, con el Programa Especial de Pensión de Retiro instaurado en 1991. Óscar Espinosa Villarreal, último regente del entonces Distrito Federal y autor-beneficiario del esquema, acumuló hasta 2019 más de 9 millones 173 mil pesos por menos de tres años en el cargo; solo en ese año recibió reembolsos por 659 mil pesos en servicios hospitalarios, 7 mil 554 pesos en medicinas y 175 mil pesos en honorarios médicos.
José Ángel Gurría Treviño, exsecretario de Hacienda y exdirector de la OCDE, sumó 25 millones 806 mil pesos en beneficios por casi dos años al frente de Nafin; en 2019 percibió más de 1 millón 347 mil pesos por pensión y subsidios. Otros exdirectivos, como Carlos Enrique Sales Gutiérrez (49 millones 740 mil pesos hasta 2019) y Arturo Ortiz Hidalgo (39 millones 401 mil pesos), se beneficiaron de un esquema que incluía pagos retroactivos, rendimientos de caja de ahorro, subsidios deportivos y de alimentación, reembolsos por fármacos, honorarios médicos, servicios hospitalarios y hasta arcones navideños.
En total, una docena de ex altos funcionarios —con un promedio de tres años en el puesto— habían cobrado 337 millones de pesos en pensiones y prestaciones hasta 2019. Esta disparidad se replica en las empresas energéticas del Estado.
En Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), hasta 2024 se destinaban casi 550 millones de pesos anuales solo para cubrir las pensiones de 160 exfuncionarios y dirigentes sindicales con ingresos mensuales entre 250 mil y 500 mil pesos.
