MÉXICO- Un testigo protegido identificado como CI-1, exempresario petrolero mexicano que fungió como intermediario, ha entregado a la justicia estadounidense detalles clave del esquema que permitió a la familia Jensen importar ilegalmente miles de cargamentos de petróleo robado de Pemex.
Funcionarios de alto nivel de la petrolera mexicana figuran en primer plano de la investigación.
Aseguran testigos que OCTAVIO ROMERO “ no solo estuvo enterado, sino que fue parte del multimillonario negocio”. Se dice que el ahora director del INFONAVIT pediría licencia para comparecer en una Corte de EU y explicar lo sucedido…
Según documentos judiciales revelados en Estados Unidos, entre 2018 y enero de 2025 se habrían introducido 4 mil 170 envíos de crudo sustraído, disfrazado como desechos o aceite residual para evadir controles aduanales e impuestos.
El testigo, quien colaboró con la DEA desde mediados de 2024, describió cómo controlaba tramos carreteros clave, recaudaba extorsiones a favor del Cártel Jalisco Nueva Generación y utilizaba esos recursos para sobornar a funcionarios mexicanos federales, estatales y locales.
También detalló el mecanismo de fraude aduanal en el que agentes mexicanos falsificaban documentos para permitir la exportación ilegal del combustible.
CI-1 conecta directamente a los Jensen con operadores del cártel como Iván Casarín Molina (“El Tanque”), César Morfín Morfín (“El Primito”), Héctor Álvarez (“El H”), Carlos Roel (“Chuy”), entre otros.
Sin embargo, el testimonio también menciona la existencia de al menos otra compañía estadounidense que compraba sistemáticamente el crudo robado, cuyo nombre fue omitido en los documentos públicos, lo que ha generado críticas en México sobre una supuesta selectividad en la investigación.
Autoridades mexicanas han señalado que el huachicol fiscal es un negocio transnacional en el que participan varias empresas estadounidenses con refinerías y terminales de almacenamiento.
México ha identificado al menos cinco a siete compañías involucradas, pero hasta ahora solo los Jensen enfrentan proceso penal en Estados Unidos. Críticos advierten que la narrativa que se construye en Washington busca centrar la corrupción exclusivamente en funcionarios y empresas mexicanas, dejando fuera de la mira a actores estadounidenses que habrían facilitado el ingreso y la comercialización del producto ilícito.
En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de Raúl Rocha Cantú, empresario dueño de la franquicia Miss Universo en México, en el marco de investigaciones de la Fiscalía General de la República por presunto huachicol fiscal hacia el sur del país, con vínculos en Guatemala.
El caso de los Jensen se desarrolla en un contexto de alta tensión bilateral. Estados Unidos ha intensificado la presión sobre México mediante revocación de visas a funcionarios mexicanos —entre ellos Alex Tonatiuh Márquez, encargado de investigaciones de huachicol fiscal en aduanas—, y ha insistido en nuevas entregas de capos de cárteles para ser juzgados en territorio estadounidense.
En los últimos días se reveló que se negocia una tercera entrega masiva de líderes criminales, después de las operaciones que trasladaron a 55 personas en meses anteriores.
Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump ha amenazado con cancelar o renegociar el T-MEC, lo que provocó una reacción inmediata de más de 500 empresas estadounidenses y organizaciones agrícolas que le pidieron no tocar el tratado.
Productores de maíz, granos, frutas y la industria automotriz advirtieron que la ruptura del acuerdo dañaría gravemente su competitividad global y generaría pérdidas millonarias en ambos lados de la frontera.
