CAMPECHE, CAMP. En Campeche no se persigue la crítica, se pone freno a la denigración. Esa es la línea clara, directa y sin rodeos, pues el Gobierno del Estado fijó postura frente a la narrativa que intenta vender al estado como un territorio silenciado: aquí se respeta la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y el Estado de derecho; lo que no se tolera es la violencia verbal disfrazada de opinión ni la descalificación como método.
La advertencia llega después de que un medio nacional difundiera un reportaje que habla de censura, acoso y persecución durante el gobierno de Layda Sansores. La respuesta no fue evasiva ni diplomática, no existe censura, no hay intervención del Ejecutivo en medios de comunicación, universidades ni resoluciones judiciales.
Lo demás sostiene el Gobierno es una lectura interesada de El mensaje es contundente, la crítica es parte de la vida democrática y está garantizada; la denigración, las expresiones misóginas y
la violencia verbal no son libertad de expresión. Son conductas sancionables por ley. Y quien cruza esa línea no enfrenta al poder político, sino al marco jurídico.
Sobre el cierre de los periódicos impresos en Campeche, el Gobierno desmonta otro de los ejes del relato de censura. Ningún medio fue clausurado por orden oficial.
La desaparición señala, responde a un fenómeno que atraviesa al país entero, el colapso del modelo impreso, la migración digital y la caída de esquemas de financiamiento anclados a viejas relaciones de poder. El Ejecutivo no tiene facultades para cerrar empresas periodísticas y no lo ha hecho.
En el mismo tono, la administración estatal se deslinda de las sanciones impuestas a periodistas señalados por violencia política de género. No se trata de castigar la labor informativa, insiste el Gobierno, sino de resoluciones emitidas por autoridades electorales y judiciales autónomas. Los comunicadores sancionados siguen ejerciendo el periodismo. Nadie ha sido callado. Lo que se sancionó fueron expresiones que rebasaron los límites legales.
LIBERTAD SÍ, EXCESOS NO También se marcó territorio en el tema universitario. El Gobierno de Campeche afirmó que la autonomía de la Universidad Autónoma de Campeche se respeta de manera plena e irrestricta. No hay instrucciones, no hay injerencia, no hay órdenes desde el Ejecutivo. Las decisiones que involucran a la institución —asegura— se rigen por el debido proceso y no por caprichos políticos.
