MÉXICO.- La madrugada de ayer, marcó un punto de inflexión en la larga saga de investigaciones contra Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas,. Mientras el dirigente nacional del PRI permanece resguardado en el extranjero, la FGR ejecutó con precisión quirúrgica tres órdenes de cateo simultáneas contra las residencias de sus hijos en la Ciudad de México.
Equipos especializados de agentes federales se desplegaron en tres puntos clave. En el exclusivo departamento de lujo en Polanco, 50 elementos rodearon la vivienda de Alejandro Moreno Ávila, el hijo mayor de 28 años.
Simultáneamente, otros grupos ingresaron a las propiedades de María Guadalupe Moreno Ávila (25 años) y Carlos Andrés Moreno Ávila (22 años), ubicadas en zonas de alto nivel socioeconómico.
Los resultados del operativo superaron las expectativas más pesimistas de los investigadores. En total, se localizaron más de 20 millones de pesos en efectivo, distribuidos estratégicamente entre cajas fuertes, compartimentos ocultos y dobles fondos en las tres viviendas.
Pero el hallazgo no se limitó al dinero: documentos incautados revelaron transferencias desde empresas previamente identificadas como fachadas para el lavado de recursos de origen ilícito, con presuntos nexos a operaciones del narcotráfico.
La fiscal general Ernestina Godoy no tardó en hacer el anuncio oficial: los tres jóvenes enfrentan ahora cargos formales por lavado de dinero procedente del narcotráfico y posible asociación delictuosa con organizaciones criminales.
La pregunta que resuena en los pasillos de la justicia es demoledora y difícil de eludir: ¿cómo trespersonas jóvenes, sin trayectorias laborales documentadas que justifiquen tales cantidades, acumulan millones en efectivo escondidos en sus hogares?
Esta operación no parece casualidad ni herencia explicable. Los indicios apuntan a que los hijos de “Alito” no eran meros beneficiarios pasivos del presunto patrimonio acumulado durante la gestión de su padre como gobernador de Campeche y líder del PRI. Por el contrario, habrían fungido como piezas activas en un sistema de blanqueo de capitales, facilitando el flujo, ocultamiento y legitimación de recursos de dudosa procedencia.
La coordinación del operativo, descrita por fuentes cercanas a la FGR como de “precisión militar”, refleja la determinación de desmantelar no solo al personaje central, sino toda la estructura familiar que lo habría protegido y beneficiado durante años. Mientras Alito permanece prófugo en Europa, sus hijos enfrentan ahora el peso de una justicia que, por primera vez, cruza el umbral del hogar y llega hasta la siguiente generación.
