CDMX – En el ocaso de 2025, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas se tambalea al borde del abismo político. Sus días como figura intocable del PRI parecen contados, con un desafuero inminente que promete despojarlo de su inmunidad constitucional y abrir las puertas a un enjuiciamiento por una cascada de escándalos de corrupción, desvíos millonarios y agresiones físicas en el Congreso.
Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) reconstruye expedientes y entrega documentación complementaria para avanzar en el proceso, las denuncias se acumulan, pintando un retrato de un político acorralado por sus propios excesos.
El desafuero, aunque aplazado hasta 2026 por maniobras en la Cámara de Diputados, se perfila como el golpe final a una carrera marcada por el abuso de poder y la impunidad.
SU NEGRO PASADO
Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, tiene una carrera política típica del priismo: Cargos dentro del partido, muchas veces legislador, Gobernador y escándalos (muchos de corrupción) y propiedades como hongos.
En 2019 se le descubrió una mansión de mil 900 metros cuadrados por casi 50 millones de pesos, de mármol y amueblada con extravagancias, que se hizo mientras era Gobernador. Y luego le brincaron cerca de 19 inmuebles sólo en San Francisco de Campeche, 10 de ellos en el fraccionamiento Lomas del Castillo de alta plusvalía.
Es, evidentemente, muy rico, pero nadie sabe cómo ha justificado semejante fortuna frente a las autoridades del SAT o cómo sus declaraciones patrimoniales han burlado todos los órganos de control interno. Se han descubierto desvíos con cursos por millones de pesos mientras es dirigente nacional del PRI.
Lo denunció la Gobernadora Layda Sansores pero nunca se le ha requerido. Posee medios de comunicación y escribe artículos en El Universal aún cuando la Fiscalía de Campeche lo tacha de ratero.
