México comienza a figurar en el mapa global del gas natural licuado no como productor, sino como plataforma logística. En distintos puntos del país se alistan proyectos de reexportación de gas que llegará desde Estados Unidos por gasoductos, se transformará en estado líquido en terminales de licuefacción y se enviará por vía marítima a otros mercados, principalmente Asia.
La lógica de negocio se apoya en la ubicación geográfica, la creciente demanda asiática de GNL y la abundancia de gas estadounidense. Para México, el papel sería el de un eslabón intermedio en la cadena, con inversiones en infraestructura, operación de terminales y servicios asociados.
El interés por este modelo ha ido en aumento, pero también ha abierto un debate sobre su conveniencia económica, social y ambiental. El Natural Resource Governance Institute analizó recientemente estos proyectos en el estudio México como reexportador de gas natural estadounidense’, donde expone beneficios potenciales y riesgos relevantes.
BENEFICIOS ECONÓMICOS Y DE INFRAESTRUCTURA
En el lado positivo, los proyectos de reexportación implicarían inversión privada, ingresos fiscales y desarrollo de infraestructura energética. Las terminales de GNL, los gasoductos y las instalaciones portuarias ampliarían la capacidad del sistema energético nacional y reforzarían la conectividad con los mercados internacionales.
Desde la perspectiva fiscal, el análisis de NRGI señala que “los operadores de terminales de GNL en México pagarían al gobierno federal impuesto sobre la renta (ISR), impuestos sobre nóminas, derechos portuarios y de procesamiento de gas, así como cuotas únicas por permisos y trámites aduaneros. Los gobiernos estatales y municipales podrían cobrar sus propias cuotas, especialmente por permisos e impuestos prediales”.
Sin embargo, la magnitud de esos ingresos es incierta. “No obstante, es difícil predecir montos específicos, ya que el gobierno federal no ha revelado, ni siquiera de forma general, cuánto espera obtener de las reexportaciones”, expone el documento.
Otro beneficio potencial recaería en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La empresa podría obtener ingresos al suministrar el gas natural que hoy importa desde Estados Unidos a las terminales de licuefacción, aunque se trata de flujos todavía no garantizados.
La CFE ha señalado que, de abastecer al proyecto Altamira FLNG 1 mediante su gasoducto marino Sur de Texas-Tuxpan, podría lograr ganancias de hasta 500 millones de dólares en un periodo de 15 años, una de las cifras más citadas a favor del esquema.
La generación de empleos aparece como otro incentivo, aunque con un alcance limitado. Las terminales de GNL no requieren grandes plantillas de personal en su etapa operativa, por lo que el impacto laboral se concentraría principalmente durante la construcción.
