CDMX. El Centro de Reinserción Social (CERESO) de Las Cruces, en Acapulco, Guerrero, se ha convertido en un verdadero matadero. Detrás de sus muros, la vida humana tiene precio: asesinar a un interno puede costar hasta 100 mil pesos, según testimonios de exreclusos que aseguran que grupos criminales controlan el penal y ordenan ejecuciones con la presunta complicidad de autoridades penitenciarias.
En lo que va de 2025, siete internos han fallecido en circunstancias poco claras. Al menos dos casos fueron reportados oficialmente como suicidios, aunque fuentes extraoficiales y exreos hablan de homicidios encubiertos.
El más reciente ocurrió el 29 de noviembre, cuando Luis Edison Reséndiz Colín, un joven de 19 años ingresado en mayo por homicidio calificado, murió en su celda. Las autoridades lo atribuyeron a un posible infarto o asfixia, pero no se precisaron detalles ni se ordenó una investigación exhaustiva.
LEY DE LA SELVA
Otros cuatro decesos se registraron entre julio y agosto: dos reos recién ingresados —acusados de delitos graves como violación, homicidio y trata de personas— fueron encontrados sin vida días después de su llegada.
Los reportes forenses hablan de suicidios por ahorcamiento o asfixia, pero exinternos consultados por este medio aseguran que muchas muertes se disfrazan de “infartos” o “suicidios” para evitar escrutinio.
“¿Es cierto que pagan para matar gente adentro? Sí, señor. Así es”, relató un exreo que prefirió el anonimato por temor a represalias. “Las autoridades lo permiten porque tienen parte de las ganancias. Hay muchos ‘alacranes’ (corruptos)”. Otro liberado recientemente confesó: “Claro que tengo miedo. Hay muchas cosas que vi allá y quién sabe… Yo ya me voy de aquí, del estado, porque es difícil guardar todo eso”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha documentado graves deficiencias en el penal. En evaluaciones previas, incluyendo datos de 2024, obtuvo una calificación baja (alrededor de 5.32 puntos), destacando falta de gobernabilidad, insuficiente personal de custodia, comisión de actividades ilícitas y negligencia médica que ha provocado muertes por falta de atención oportuna.
Durante 2025, la delegación de la CNDH en Guerrero realizó al menos 17 visitas al CERESO de Las Cruces, atendiendo a 53 personas en temas de asesoría, pero no se registraron denuncias formales por fallecimientos sospechosos. Familiares de las víctimas, en su mayoría, no exigen investigaciones profundas, posiblemente por miedo o resignación.
Expertos en seguridad penitenciaria coinciden en que el autogobierno de grupos delictivos es un problema endémico en cárceles mexicanas, especialmente en Guerrero, donde la violencia externa se replica dentro de los penales. Las Cruces no es excepción: reos que cumplieron sentencia aseguran que facciones criminales locales dictan las reglas, cobran “cuotas” y eliminan a rivales o deudores mediante ejecuciones por encargo.
Las autoridades estatales guardan silencio ante estas acusaciones. La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero no ha respondido a solicitudes de información sobre las siete muertes de 2025 ni sobre medidas para recuperar el control del penal.
En un estado azotado por la violencia del crimen organizado —donde Acapulco registra cientos de homicidios anuales—, el CERESO de Las Cruces representa un microcosmos de impunidad: un lugar donde “la vida no vale nada… pero sí vale”, como reza el adagio popular. Mientras no haya investigaciones independientes y reformas estructurales, los muros de
