CAMPECHE.- Tras casi un año de restricciones legales, la administración estatal ha celebrado la reciente resolución judicial que pone fin a la prohibición impuesta desde enero de 2024, la cual impedía a la gobernadora Layda Sansores San Román realizar manifestaciones o comentarios sobre la figura de Alejandro “Alito” Moreno.
Esta limitación, originada por un amparo inicial, obligaba a mantener un silencio institucional que hoy se interpreta como un intento de blindaje político. Con la nueva determinación, se cierra un capítulo de silencio forzado, permitiendo nuevamente que la comunicación gubernamental aborde temas de relevancia pública vinculados a actores políticos de oposición sin las ataduras de una censura judicial previa. La resolución definitiva llegó el pasado 11 de diciembre, cuando el Tribunal Colegiado resolvió un recurso de revisión que eliminó las restricciones dictadas en primera instancia. Este fallo no fue un hecho aislado, sino la consecuencia directa de los criterios establecidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Gracias a un amparo en revisión promovido por el equipo jurídico del estado, el máximo tribunal del país definió parámetros claros que protegen la libertad de expresión frente a la censura previa, calificando como una aberración jurídica el hecho de silenciar a una autoridad antes siquiera de que emitiera sus opiniones.
