CDMX- En un golpe directo al corazón de la delincuencia organizada, el Congreso de la Unión aprobó esta semana la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para homologar penas y herramientas contra un delito que lesiona a comercios, transportistas y familias enteras con prácticas como el “cobro de piso”, los montachoques y las amenazas telefónicas.
La norma, que eleva las sanciones hasta 42 años de prisión en casos agravados, responde a un mandato constitucional del artículo 73, reformado en octubre, y busca transformar un caos jurídico estatal en una respuesta nacional coordinada, con énfasis en la protección de víctimas y el castigo a autoridades cómplices.
Cabe destacar que pequeños negocios en colonias populares, taqueros en las calles y choferes de camiones en carreteras federales viven bajo la sombra de llamadas anónimas o choques simulados que exigen pagos inmediatos.
“Este delito ya no solo afecta la cartera, sino la tranquilidad de millones”, afirmó el diputado de MORENA, Ricardo Madrid Pérez, uno de los promotores de la ley durante su debate en San Lázaro, donde fue aprobada por unanimidad con 450 votos a favor.
La iniciativa, que surgió de la instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum para blindar a los vulnerables, unifica definiciones y procedimientos que antes variaban por entidad, generando impunidad por lentitud investigativa y falta de coordinación.
El núcleo de la reforma radica en su estructura penal: Una pena base de 15 a 25 años de cárcel por extorsión simple, que puede escalar con agravantes hasta los 42 años, sin posibilidad de libertad condicional, conmutación o reducción de sentencia.
Entre los agravantes más duros se tipifican el uso de violencia física, moral o psicológica; el empleo de armas o datos personales obtenidos por engaño; la simulación de autoridad o pertenencia a grupos criminales; impedir denuncias; o involucrar a menores de edad.
Particularmente innovador es el reconocimiento de los “montachoques”, es decir, choques intencionales en avenidas sin vigilancia, con vehículos viejos y testigos falsos, como modalidad expresa de extorsión, un flagelo que ha cobrado vidas en ciudades como Puebla y Guadalajara.
Desde las prisiones, donde muchas redes operan con impunidad gracias a celulares ocultos, la ley impone un cerco férreo: Los condenados por extorsión pierden todo beneficio de preliberación, y los penales deberán bloquear comunicaciones vía móvil o radio.
