La instrucción está dada. Desde Palacio Nacional se ordenó desmantelar la red de negocios y financiamiento político vinculada al senador Adán Augusto López Hernández, según reveló el periodista Raymundo Riva Palacio en El Financiero (17/10/2025).
La información proviene de reportes de inteligencia federal y agencias estadounidenses — entre ellas el Departamento del Tesoro y la DEA— que habrían rastreado desde 2021 movimientos financieros y triangulaciones ligados al grupo familiar del exsecretario de Gobernación.
El cerco incluye revisión de contratos estatales y federales, empresas fantasma, adjudicaciones irregulares y operaciones notariales atribuidas al entorno de López Hernández. El objetivo, según la columna de Riva Palacio, es “acabar con la maraña de contratistas que financiaron su estructura política antes y después de la sucesión presidencial”.
EL NÚCLEO FAMILIAR
El foco del seguimiento apunta a un circuito con centro en la Notaría Pública N° 27 de Villahermosa, propiedad del clan López Hernández.
Ese despacho fue heredado por Payambé López Falconi, padre de Adán Augusto, y operado posteriormente por su hermano Melchor, cuando el hoy senador ocupó la gubernatura y la Secretaría de Gobernación.
La notaría figura en reportes de N+ Focus, Animal Político y El Universal por coincidir en correo electrónico y domicilios fiscales con GH Servicios Empresariales, empresa señalada por el SAT como fantasma.
Entre 2023 y 2024, N+ Focus documentó que Adán Augusto recibió 79 millones de pesos en transferencias de tres compañías privadas: GH Servicios Empresariales, Operadora Turística Rabatte, y Capital Cargo del Golfo. Ninguna de esas transferencias fue declarada públicamente.
Las empresas, según registros del SAT y la ASF, tuvieron contratos con dependencias estatales durante su administración. La investigación señala que Rosalinda López Hernández, hermana del senador y exjefa de Auditoría Fiscal del SAT, habría detenido auditorías contra contratistas tabasqueños y dejado expedientes “en tránsito”, sin resolución.
REVISIÓN MINISTERIAL
Varios de esos casos, confirmados por Político MX y Mario Maldonado (El Universal, 07/10/2025), fueron posteriormente cerrados en notarías vinculadas a Melchor López.
El patrón, descrito por la UIF como “triangulación administrativa y fiscal familiar”, está bajo revisión ministerial.
LOS OPERADORES
De acuerdo con Riva Palacio, el fiscal Alejandro Gertz Manero informó al entonces presidente López Obrador entre 2021 y 2022 sobre el uso de la notaría para operaciones de lavado mediante factureros sustitutos. Las advertencias no fueron atendidas.
El relevo político llegó con la presidencia de Claudia Sheinbaum, y con él, la decisión de “apretar las tuercas” al grupo tabasqueño. En la estructura económica destacan los empresarios Fernando y Carlo Padilla, vinculados a contratos del sector salud y transporte.
Reportajes de El País, Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción señalan que Fernando Padilla habría financiado campañas de Morena y compartido operaciones con Amílcar Olán, empresario cercano a los hijos del expresidente López Obrador.
Ambos obtuvieron contratos federales en el programa IMSS-Bienestar y estatales durante la gestión de Adán Augusto. Un oficio de la UIF al Senado (OF/25/033) confirma “alertas preventivas por operaciones inusuales” sobre el grupo.
