Durante 2021 y 2022, el fiscal Alejandro Gertz Manero informó al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las operaciones financieras que sostenían al grupo de Adán Augusto.
Las alertas, según la columna de Riva Palacio, fueron ignoradas. En Palacio Nacional se optó por mirar hacia otro lado mientras el entonces secretario de Gobernación consolidaba su poder político y su estructura económica.
Hoy, con Claudia Sheinbaum en el gobierno, el tablero cambió. La presidenta decidió no confrontar públicamente al senador, pero sí cortar el flujo económico que le permitía operar.
Las indagatorias de la UIF y la FGR, así como las revisiones del SAT, forman parte de una estrategia silenciosa para aislarlo políticamente. Fuentes del gabinete federal confirman que un informe entregado a Sheinbaum en septiembre advierte que el caso “representa un riesgo de credibilidad” para la 4T si no se actúa. En ese documento, el nombre de López Hernández aparece bajo un encabezado inusual: “Financiamiento paralelo del obradorismo.”
EFECTO DOMINÓ
El desmantelamiento del entramado financiero de Adán Augusto López Hernández no se limita a Tabasco: arrastra contratos, aliados y silencios en todo el sur del país.
Desde 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) revisan adjudicaciones de nueve empresas con coincidencias de socios, correos o domicilios fiscales ligados al clan.
