MÉXICO.- El senador panista Ricardo Anaya Cortés, omitió en su declaración patrimonial 2025 cuatro empresas de su esposa, Carolina Martínez Franco. Estas compañías, ubicadas en Querétaro y vinculadas al sector inmobiliario, incluyen a “Juni Serra S. de R.L. de C.V.”, investigada por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción como presunta “facturera” por simular operaciones comerciales, con Anaya señalado como apoderado en documentos, lo que pone en entredicho su discurso de transparencia.
Cabe detacar que Querétaro, es bastión panista, donde operan en el sector inmobiliario y de construcción, un rubro señalado por casos de corrupción como el Cártel Inmobiliario en la Ciudad de México.
Según el Registro de Comercio Público Federal, las empresas no declaradas son Construcción e Inmobiliaria Oriba S. de R.L. de C.V., Desarrollo Comercial Acueducto S.A. de C.V., Inmobiliaria Real Jacal S.A. de C.V. y Juni Serra S. de R.L. de C.V.
Destaca el caso de Juni Serra, investigada por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) por presuntas operaciones simuladas como “facturera”, tras beneficiarse ilegalmente de una ex empleada del SAT, actualmente vinculada a proceso. Documentos de esta empresa nombran a Anaya como apoderado para “pleitos y cobranzas”, lo que lo vincula directamente.
Las empresas no están inactivas. Inmobiliaria Real Jacal, descrita en “México Pymes” como un bufete jurídico, comenzó operaciones en noviembre de 2024 y se actualizó hace 10 meses.
Desarrollo Comercial Acueducto obtuvo una autorización jurídica en el primer trimestre de 2025, según el gobierno de Querétaro. Sin embargo, la declaración patrimonial de Anaya proyecta una imagen de austeridad, omitiendo bienes, inmuebles, cuentas bancarias o activos, y solo reporta su ingreso como senador: 625 mil 793 pesos anuales, sin mención de actividades empresariales.
El discurso de Anaya sobre transparencia choca con estas revelaciones. El 20 de agosto, tras la controversia por los bienes del senador morenista Gerardo Fernández Noroña, exigió “transparencia absoluta” en los ingresos de los legisladores.
No obstante, su historial, que incluye el escándalo de una nave industrial, y su cercanía con figuras como Jorge Romero, ligado al Cártel Inmobiliario, lo alejan de la integridad que pregona.
